La edila del Partido Nacional y segunda vicepresidenta de la Junta Departamental de Maldonado, Rita Colombo, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de un nuevo procedimiento vinculado al bienestar animal.
Este jueves, el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), con apoyo de la Policía, allanó su vivienda y retiró 16 perros y 10 caballos.
La actuación fue ordenada por el Juzgado de 4.º Turno de Maldonado y contó con la participación de funcionarios del INBA, efectivos de la Seccional 5.ª y personal de la Brigada Departamental de Seguridad Rural.
La intervención policial se realizó bajo la modalidad de prestación de garantía, es decir, brindando apoyo de seguridad para que el organismo competente pudiera cumplir la diligencia dispuesta por la Justicia.
Colombo ya había sido sancionada anteriormente por el INBA. El antecedente se remonta a una denuncia por maltrato animal presentada en 2020 por la ONG Trato Ético Animal. Posteriormente, un procedimiento realizado en 2023 derivó en la incautación de animales y en una sanción que incluyó una multa económica y la prohibición de tenencia. Organizaciones animalistas sostuvieron entonces que se habían retirado 16 perros y 21 caballos del establecimiento que dirigía Colombo.
Su designación como segunda vicepresidenta de la Junta Departamental ya había generado fuertes cuestionamientos políticos y sociales. La bancada del Frente Amplio se opuso a la nominación y distintas organizaciones vinculadas a la protección animal realizaron manifestaciones frente a la sede del Legislativo departamental.
La propia Colombo negó anteriormente las acusaciones y sostuvo que los animales se encontraban en buenas condiciones. También cuestionó actuaciones previas del INBA y defendió su accionar respecto a los caballos que mantenía bajo su cuidado.
Tras las protestas generadas por su designación en la Junta, la edila presentó además una denuncia por amenazas y solicitó custodia policial, medida que le fue concedida.
El nuevo procedimiento vuelve ahora a colocar el caso bajo atención pública y judicial, mientras se aguarda conocer las próximas actuaciones del INBA y las eventuales resoluciones que puedan surgir a partir de la incautación de los animales.
