El Gobierno anunció nuevas medidas para reforzar los controles, mejorar la trazabilidad de las municiones y aumentar las penas por delitos vinculados al tráfico y al porte ilegal de armas. Un informe advierte que los delitos asociados a armas de fuego aumentaron más de 300% entre 2013 y 2025.
Uruguay tiene aproximadamente 620.000 armas de fuego registradas y se estima que podría existir una cantidad similar en el mercado ilegal, según datos presentados por el Ministerio del Interior en el informe “Acceso, uso e impacto de las armas de fuego en Uruguay. Informe Nacional 2026”.
El documento analiza la circulación y el uso de armas en el país, así como su incidencia en homicidios, lesiones, suicidios y otros delitos. Sus conclusiones fueron presentadas en el marco de la Estrategia Nacional de Control de Armas y Municiones, incluida en el Plan Nacional de Seguridad Pública.
Uno de los datos más relevantes del estudio es el aumento de los delitos asociados a armas de fuego —entre ellos disparos, tenencia y porte ilegal, y tráfico interno e internacional—, que crecieron más de un 300% entre 2013 y 2025. A su vez, los homicidios cometidos con armas de fuego aumentaron más de un 60% entre 2014 y 2024.
El gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, explicó que el informe permitió centralizar información que hasta ahora se encontraba dispersa entre distintos organismos del Estado.
En relación con el origen de las armas utilizadas por la delincuencia, señaló que existen evidencias de que provienen tanto del contrabando desde países vecinos como del mercado legal uruguayo.
“La delincuencia en Uruguay se alimenta de armas y municiones que vienen de Argentina, Brasil y también del mercado legal uruguayo”, afirmó.
Sanjurjo agregó que, entre las armas vinculadas a homicidios cuyo número de serie pudo recuperarse, la gran mayoría estaba registrada en Uruguay.
Nuevas medidas de control y mayores penas
En paralelo a la presentación del informe, el Gobierno anunció la entrada en vigencia de un decreto que actualiza la regulación sobre la adquisición y el control de armas y municiones.
La normativa busca fortalecer las inspecciones, mejorar la trazabilidad y reforzar la fiscalización, además de facilitar el intercambio de información entre las instituciones responsables del control y la investigación.
Entre las medidas previstas se encuentra la implementación de un sistema de trazabilidad de las municiones utilizadas por los ministerios del Interior y de Defensa, con el objetivo de identificar su origen y aportar información a las investigaciones cuando sean incautadas.
También se establecieron modificaciones legales que aumentan las penas para determinados delitos vinculados a la violencia armada, entre ellos el porte irregular de armas en espacios públicos y el tráfico interno e internacional de armamento.
El decreto contempla, además, los desafíos que plantean nuevas tecnologías, como la fabricación de armas mediante impresión 3D.
El informe fue elaborado por el Ministerio del Interior, a través del Área de Estadística y Criminología Aplicada, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Además de examinar la evolución de la violencia armada, el documento plantea recomendaciones para mejorar los sistemas de información entre organismos, fortalecer los controles y avanzar en la regulación de la importación, comercialización y adquisición de municiones.
También propone incorporar las perspectivas de género y juventudes, con especial atención a las poblaciones y los territorios más afectados por la violencia armada.
Durante la presentación, el ministro del Interior, Carlos Negro, sostuvo que el fortalecimiento de los controles, la trazabilidad y las sanciones forma parte de una estrategia para reducir la circulación de armas en manos de quienes ejercen violencia.












































