El presidente Yamandú Orsi firmó una resolución junto al ministro del Interior Carlos Negro y la ministra de Defensa Sandra Lazo, accediendo a una solicitud del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en ese sentido.
El INR planteó que se incorporen las nuevas unidades del penal de Libertad a la custodia perimetral de cárceles que realizan efectivos del Ministerio de Defensa, tal como está previsto en la normativa vigente.
“La tarea del personal militar asignado a las referidas funciones consistirá en impedir el ingreso o egreso de personas, vehículos u objetos a través del área delimitada y señalizada de común acuerdo entre los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional, la que es considerada a todos los efectos como zona militar. 3º. En el cumplimiento de las tareas encomendadas, el personal militar actuará bajo sus mandos naturales y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley N° 18.717, de 24 de diciembre de 2010”, se señala en la resolución disponible en el sitio web de la Presidencia de la República.
La construcción de las unidades 27, 28 y 29 en el penal de Libertad fue anunciada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou a través de la modalidad de Participación Público Privada (PPP), para alojar a unos 1.500 reclusos, con una inversión de unos 75 millones de dólares.
Con la medida, se apuntó a descongestionar otras unidades que están con altos índices de hacinamiento. Los nuevos módulos se consideran de alta seguridad y comenzaron a funcionar en el primer semestre de este, cuando se inició el traslado de otros reclusos del establecimiento penitenciario.
La unidad 27 recibirá a hombres primarios con penas menores a tres años, la 28 a personas con condenas altas vinculadas a violencia de género y la 29 a ofensores sexuales, informaron autoridades de esta administración en el Parlamento.
La legislación uruguaya habilita que efectivos del Ministerio de Defensa Nacional realicen el control de perímetros carcelarios y controles de vigilancia fronteriza.
En las últimas semanas, se generó una polémica luego de que el gobierno del presidente Orsi anunciara la decisión de que vehículos militares patrullen las zonas más conflictivas de Montevideo.
