Así lo dijo el presidente Luis Lacalle al confirmar que la empresa de origen belga no se retirará del país y que, además de quitar una demanda millonaria contra Uruguay, acordó con el Gobierno la extensión de 50 años en el contrato para seguir operando en el puerto de Montevideo.
Esa extensión implica una inversión de 460 millones de dólares, precisó.
Recordó que la negociación con el Estado duró mucho tiempo y el país se enfrentaba a un juicio inminente de 1.500 millones de dólares, lo que, en su opinión, era muy mala señal para la infraestructura de la logística portuaria e imagen internacional.
El Gobierno debe trabajar ahora en el abaratamiento de los costos portuarios, en principio de 20% en las tarifas y otro 10% adicional, consideró.
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Presidencia
