Desde la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santacruz (Bolivia), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), entidades que representan a un sector de gran incidencia en el desarrollo de la economía regional, se muestra preocupación en torno a la implementación de la Resolución N° 1023/2022 del Ministerio de Transporte de la Argentina.
Esta medida que impone un peaje de US$ 1.47 (un dólar con cuarenta y siete centavos) por tonelada de registro neto de las embarcaciones que realizan transporte internacional en el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia, de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que rige desde el 1 de enero del 2023.
A juicio de los exportadores representa una violación a las normas de carácter regional, que supondrá un sobrecosto para las empresas importadoras y exportadoras, afectando a todo el costo logístico.
Asimismo, la citada resolución establece un tratamiento discriminatorio con respecto de las cargas de cabotaje a las que fija una tarifa de $ 1,47 (un peso argentino con cuarenta y siete centavos).
Señalan que el acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, en sus capítulos I al IV: principios como la Libertad de Navegación, la Igualdad de Tratamiento y la Libertad de Tránsito, que están siendo vulnerados con la implementación de esta resolución.
En ese contexto solicitan a las autoridades de los países a realizar las gestiones necesarias para su derogación, al tiempo que hacen un llamado al Gobierno de la República Argentina para que adopte las medidas necesarias para la rectificación urgente de esta situación, de forma que se respeten los acuerdos suscritos en la materia, velando y garantizando el buen desempeño del comercio internacional.