Las cámaras inmobiliarias de Maldonado, Rocha, Canelones y Colonia, junto a importantes asociaciones del rubro, emitieron un comunicado en el que hacen hincapié en la necesidad de “aggiornar el marco normativo para afianzar la actividad inmobiliaria”.
Esta iniciativa, respaldada también por la Confederación de Cámaras Empresariales, el Colegio de Administradores, y diversos actores del sector, busca establecer un marco regulatorio que brinde seguridad y transparencia a las transacciones inmobiliarias en Uruguay.
Según expresan, la ausencia de una regulación clara deja expuesto al sector a situaciones de informalidad y riesgos para los involucrados, destacando la necesidad de contar con un registro nacional de operadores inmobiliarios y un código de ética que garantice prácticas transparentes y legales. Esta regulación no solo beneficiaría a los clientes, asegurando transacciones y la formalidad, sino que también fortalecería la posición de Uruguay como destino confiable para inversiones, tanto nacionales como extranjeras.
La Ley permitirá a los ciudadanos actuar de forma independiente y libre en la compra de bienes, sin la necesidad de la participación de un operador inmobiliario, pero si hubiese un cobro de comisión se requerirá la intervención de un corredor inmobiliario que esté registrado en todas las dependencias del Estado, que pague los impuestos, obligando a que éste se encuentre dentro de la formalidad, brindando garantías a todas las partes, entonces la transacción será segura, transparente y por definición exitosa. El operador Inmobiliario que participe de la negociación, obligadamente deberá estar capacitado y será profesional en el tema, con el fin de asesorar correctamente a sus clientes.
Uno de los puntos principales es la necesidad de cumplir con los estándares internacionales exigido por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo cual es imperativo para el país y su lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.