El Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FeNaPES) denunció la existencia de una «política sistemática de ataque a nuestra organización y su accionar, articulada desde algunos medios de comunicación, legisladores y jerarcas de la educación».
En su declaración, FeNaPES señala que «no nos sorprende el papel que hoy juegan ciertos órganos de prensa, otrora voceros oficiales del terrorismo de Estado; tampoco la persecución política llevada adelante por parte de algún legislador, como también ocurriese en el pasado reciente como método para acallar cualquier oposición; pero sí preocupa el accionar apartado de los criterios del debido proceso que ha generado, entre otros aspectos, la filtración de expedientes en pleno procedimiento administrativo y el prejuzgamiento sobre conductas a investigar, proceso sobre el cual el administrador está obligado a ofrecer garantías».
El texto indica que «este avance autoritario que busca criminalizar la protesta, deslegitimar a las organizaciones y desprestigiar ante la sociedad a sus integrantes busca, también, generar una cortina de humo sobre el caos que implicó el inicio de cursos en este 2021, los recortes presupuestales que recaen sobre el sistema educativo y del cual son responsables, así como la dramática situación sanitaria que vive hoy el país ante el avance del covid-19 y la ausencia de respuestas desde el gobierno nacional ante esta lamentable circunstancia».
En otro punto, agrega que «en el marco de una política educativa y de relaciones laborales definidas por autoridades legítimas de anteriores administraciones, que hoy desde un relato falaz se pretende también criminalizar, se habilitaron espacios de participación y consulta a los cuales las organizaciones sindicales fuimos convocadas.
A su vez, se cumplió y puso en práctica los principios de la Libertad Sindical, siempre negados y reprimidos por quienes hoy continúan en su empecinado empeño de recortar derechos. Estas prácticas siempre se ajustaron a lo preceptuado por normas nacionales, como el artículo 57 de la Constitución de la República, la Ley de Libertad Sindical o la propia Ley de Negociación Colectiva del Sector Público; así como normas internacionales ratificadas por el Estado uruguayo, como los Convenios Internacionales del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto tuvo como resultado la suscripción del Convenio Marco en julio del 2005, la declaración sobre fuero sindical alcanzada entre la Coordinadora de Sindicatos de Enseñanza [CSEU] y el Codicen de la Anep, y que fuera recogida por el Acta 90 en diciembre del 2006; o el propio Convenio sobre licencia sindical suscripto en febrero del 2007
