Convocado por Gurises Unidos, el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, participó en Maldonado del conversatorio «Adultos referentes privados de libertad: el impacto en niños, niñas y adolescentes». El jerarca reconoció que «es una problemática compleja porque se estima que hay entre 18 y 20 mil menores que son hijos de personas que están presas».
La actividad, que tuvo lugar en la sede de la Universidad Claeh de Punta del Este, contó con una mesa de apertura integrada también por el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, la Inspectora Departamental de Educación, Susana Bonilla, y el director de Gurises Unidos, Gonzalo Salles.
En ese contexto, Abdala indicó que «este evento es oportuno y felicitó a Gurises Unidos por haberlo convocado porque estamos ante un hecho que nos debe preocupar y es un desafío muy grande la respuesta que damos como Estado. Esos niños, niñas y adolescentes están padeciendo una realidad marcada por las circunstancias de la detención o la visita al sistema penitenciario que genera daños y traumas y emocionales muy complejas».
Reconoció que «estamos en el debe, tenemos que mejorar y empezar a trabajar desde la interinstitucional en la elaboración de protocolos y la identificación del problema porque ni siquiera tenemos debidamente registrados a la cantidad de niños que viven a diario esta situación, aunque según la estimación del Comisionado Parlamentario existen entre 18 y 20 mil».
Por este motivo, INAU está trabajando en recabar este dato y hemos acordado con el Comisionado Parlamentario iniciar un abordaje junto al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para recorrer y transitar ese camino».
Abdala puntualizó que «INAU atiende directamente a las madres gestantes y niños de hasta cuatro años que están alojados junto a ellas en el sistema penitenciario, ya sea dentro de la Unidad N.º 9 de Montevideo o en establecimientos del interior del país donde la cifra ronda los 50. Se interviene para que los niños desarrollen una vida lo más normal posible, concurren a los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (Plan CAIF), nos encargamos de trasladarlos, hay una tarea de acompañamiento de las madres, trabajamos con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para mejorar las condiciones de alimentación y procesos de adaptación».
Por último, remarcó que «los niños, niñas y adolescentes que cuentan con madres o padres privados de libertad tienen los mismos derechos y el estado tiene la obligación -de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez- de darles protección y eso lo hacemos con las herramientas que tenemos y sobre todo mediante una alianza con la sociedad civil».
Durante el conversatorio también se presentó la serie Abrazos de la Plataforma NNAPES sobre historias de niños y niñas con familiares privados de libertad, que está acompañada por una guía de actividades.
