El intendente Enrique Antía explicó los alcances del plan de seguridad en el que invirtió su gobierno y la extensión del mismo con 400 cámaras más y la participación del sector privado.
El jefe comunal les dió detalles de lo que denomina la mayor obra pública por más de 22 millones de dólares y señaló que el Ministerio del interior ampliará a Rocha y Canelones la vigilancia, utilizando el mismo servidor y respaldo que tiene Maldonado.
Relató que el acuerdo con el gobierno de Israel, a través del gobierno nacional fue clave para encarar la implementación del proyecto junto a los Ministerios de Defensa e Interior.
A partir del año 2025 les explicó el intendente Antia, la intendencia queda con el control del centro de video vigilancia, que por año demanda 1.300.000 dólares entre salarios y gastos se funcionamiento y pasará a la órbita dale Ministerio del Interior.
La delegación visitó Maldonado este miércoles y recorrió el centro de video vigilancia.
También se mostraron muy interesados por Integra, el Plan piloto de prevención y tratamiento de adicciones para colaborar en esa dirección.
Su coordinador Darío Pérez sostuvo que el tema adicciones no puede entenderse sin comprender el tema narcotráfico que ha tenido un crecimiento importante.
En Uruguay dijo que el Estado está ausente desde 2002 cuando empezó a ingresar la pasta base. El Estado ha corrido de atrás afirmó. El Estado tiene entre 100 y 120 camas cuando se requieren más de mil.
No hay lugares para tratamientos. En Maldonado no hay donde ingresar a pacientes críticos que deberían estar 15 días limpios y sin antecedentes, lo cual consideró grave.
Hoy, dijo Pérez, hay 250 a 300 adictos y otros en recuperación que están en organizaciones cómo Beraca o Remar.
Se mostró preocupado por los jóvenes en los barrios más pobres porque no tienen como afrontar tratamientos que van hasta los dos mil dólares mensuales.
Dijo ante la delegación que el 95 porciento de la población reclusa en las Rosas tiene problemas de adicciones, lo que transforma a esos centros en fábricas de criminales y que si la situación continúa así el futuro no es bueno.
En cuanto al consumo, Darío Pérez sostuvo que el 60 porciento es alcohol y en los más jóvenes.
Karl Ríos, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, se mostró de acuerdo con Pérez y la necesidad de actuar.
En ese sentido quedaron en contacto a efectos de poder avanzar en intercambios de experiencias a través de distintos programas que tiene la Embajada e INTEGRA.
A través de los llamados centros de crisis el objetivo es trabajar en forma conjunta.
El intendente reivindicó la creación del Plan Piloto que mostrará el rol de los gobiernos departamentales en territorio y destacó el compromiso de Pérez y su equipo.
Afirmó que los resultados permitirán, no con discursos sino con hechos, llevar el tema a nivel país más adelante.
Exhortó al intercambio de experiencias al tiempo que adelantó que la intendencia ya dispuso una inversión en ese sentido.
«Lo poco que hagamos ya es muy importante» señaló el intendente.
Miguel Plada, en tanto, sostuvo que en Maldonado hay gente que logró dejar refugios y pasar al circulo laboral, cómo los jornales solidarios, lo que demuestra que se puede.
En lo que hace al tema adicciones insistió en la necesidad de aumentar el número de camas en el Jagüel y crear el centro de desintoxicación en Aigua, para lo cual se necesitan recursos.
Dijo que el departamento quiere actuar y demostrar que Maldonado se preocupa y se ocupa del tema.
La delegación estuvo integrada por
Karl Rios – Encargado de Negocios,
Eric Geelan – de la Oficina Política y Económica, Sheree Marambio– Oficial de Seguridad Regional y Asistente Oficina de Seguridad Regional, Marcelo Paglia – de la Sección Económica, y Agustina Gari de la Sección Política de la Embajada.
