Al tiempo que avanza la mudanza de las 530 familias al nuevo barrio, que ya superan las 469, la Intendencia adelantó que en el nuevo barrio fueron denunciadas dos familias en cuyas viviendas se comprobó la realización de actividades delictivas.
En ese sentido se trata de dos viviendas que fueron desadjudicadas y los propietarios pierden los derechos sobre las mismas.
La política que se lleva adelante implica que el nuevo barrio no implica permitir este tipo de actividades por lo que se realizó la denuncia y se aprestan a desalojarlas.
La información se conoció en el marco de la recorrida que realiza a esta hora integrantes de la CAF, el organismo que facilitó los 35 millones de dólares iniciales para el realojo.
La última casa será demolida en el viejo asentamiento mitad de octubre y en seis meses más listo para vender la tierra.
