El diputado por Maldonado, Diego Echeverría, integrante de la Comisión de Seguridad y Convivencia, presentó un pedido de informes dirigido al Ministerio del Interior en relación al compromiso anunciado por el presidente Yamandú Orsi de incorporar 2.000 nuevos efectivos policiales «ya en marzo».
A través de un comunicado manifestó que «la seguridad es un tema muy sensible y que exige actuar con mucha responsabilidad. En campaña se hizo un anuncio que parecía no tener sustento, porque se requiere presupuesto y tiempo, pero igualmente se insistió con el anuncio. Ahora es tiempo de que nos informen si cumplirán o no, y en caso de hacerlo de qué modo. Nosotros vamos a marcar de cerca al gobierno porque es uno de los roles que nos toca».
El legislador citó declaraciones del presidente Orsi durante la campaña, donde afirmaba que al otro día de asumir se contratarían 2000 mil policías. En base a esto, Echeverría solicitó información sobre el mecanismo de contratación, el presupuesto previsto, la cantidad de vacantes disponibles y los tiempos de formación de los nuevos efectivos. Asimismo, pidió detalles sobre posibles reasignaciones presupuestarias para concretar este incremento de personal.
Proyecto de ley para aumentar penas al tráfico de armas
Además, el diputado Echeverría presentó un proyecto de ley para endurecer las penas por tráfico de armas, alineándose con la normativa regional. Destacó que el problema radica en «las armas en manos de los delincuentes, no en las de los honestos», y aseguró estar dispuesto a debatir el tema en profundidad.
Según la exposición de motivos del proyecto, la baja penalidad vigente en Uruguay y los altos beneficios económicos del tráfico de armas han convertido al país en un territorio propicio para este delito. Además, la permeabilidad de las fronteras con Brasil y Argentina facilita el contrabando y la circulación ilegal de armamento, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad pública.
Actualmente, muchas de las personas condenadas por tráfico de armas en Uruguay cumplen penas alternativas a la prisión, lo que hace que esta actividad sea altamente rentable. En comparación, países como Brasil y Argentina han adoptado sanciones más severas, con penas que pueden llegar hasta los 16 años de prisión.
El proyecto de ley propone modificar los artículos 8 y 9 de la Ley 19.247, aumentando la pena para el tráfico internacional de armas a un mínimo de cuatro años y un máximo de doce años de penitenciaría. Para el tráfico interno, la pena mínima se eleva de seis meses a cuatro años, y la máxima de seis a ocho años.
Reclamo por mayor cantidad de efectivos en Maldonado
Echeverría también presentó un proyecto de resolución dirigido al Poder Ejecutivo para que, de acuerdo al incremento poblacional registrado en el último censo nacional, se refuercen los servicios públicos, especialmente la dotación de policías en Maldonado.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la población de Maldonado creció un 24% entre 2011 y 2023, alcanzando los 213.000 habitantes estables, con un incremento de 40.000 visitantes los fines de semana.
Advirtió que «sin un refuerzo en la cantidad de efectivos, se corre el riesgo de que los recursos disponibles sean insuficientes para responder a la creciente demanda de seguridad». Destacó que un despliegue policial adecuado no solo contribuiría a la reducción de delitos, sino que también generaría una mayor sensación de seguridad en la comunidad, impactando positivamente en la inversión, el comercio y el turismo.
