Lo hizo a través de un informe de 1.200 páginas, donde acusan a Bolsonaro de diez delitos en torno al manejo de la pandemia que ha dejado más de 600.000 muertos en Brasil.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de la acusación asentada en el borrador, porque de eso se trata, es la primera versión de un reporte que la próxima semana se discutirá en el Comité del Senado donde puede llegar a ser enmendado y corregido para, luego, intentar ser aprobado por la mayoría de los once miembros del comité que investiga el accionar del poder ejecutivo durante la pandemia de coronavirus, aún vigente según la OMS, que golpeó a Brasil con singular crudeza, podría no haber ninguna consecuencia penal para el actual Presidente brasilero.
El informe presentado ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), fue redactado por el senador opositor, Renan Calheiros, instructor del grupo, e incluye como acusados a cuatro ministros y a otras 67 personas, y denuncia a Jair Bolsonaro por otros ocho delitos, entre ellos, los tipificados como epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica e incitación al delito.
Principalmente, el informe acusa al gobierno del mandatario de derecha, de exponer de manera deliberada a los brasileños a la infección al actuar con enorme lentitud y elegir una estrategia sanitaria de alto riesgo destinada a crear inmunidad de rebaño al tiempo que minimizó el beneficio de una política de vacunación activa de la población.
