El jefe comunal sostuvo que hay más de 6 resoluciones de la justicia que señalan que la tierra donde están emplazadas casas sobre la costa, y que la IDM piensa demoler, es pública y afecta la calidad de la costa. Agregó que lo que hizo como jerarca es cumplir con el mandato de la justicia.
Sostuvo que las sentencias tienen varios años y ahora aparece una denuncia penal en Montevideo, enredando la piola. “Tengo claro que actué dentro de la ley, dentro de mis mandatos como intendente para defender a la comunidad y por eso vine a dar la cara”.
Enrique Antía señaló que tuvo que parar la obra de mejora de la costa donde se emplazará SOS Rescate de Fauna Marina.
Lamentó que desde el año 1995 se viene buscando demoler estas viviendas y cada vez que se acerca el momento se presenta alguien a reclamar, “le quitan las ganas de laburar a uno” concluyó.
Por su parte el abogado de las familias que buscan evitar la demolición, Pablo Donnángelo dijo que notó una fiscalía que estudió en profundidad el tema.
Dijo que la IDM busca sortear los procesos legales para derribar las “habitaciones de sus clientes”.
El abogado sostuvo que las 7 sentencias que afirma la administración le son favorables, no señalan en ningún momento pronunciamiento sobre la naturaleza pública de la tierra donde están emplazadas las propiedades de los clientes.
Donnángelo agregó que ordenar la ejecución de la decisión a sus subalternos implica un perjuicio a particulares y está a su entender configurando un delito de abuso de funciones.
A todo esto, el abogado defensor de Antía, Jorge Barrera, señaló que hay unánime jurisprudencia y contundencia en las resoluciones de la justicia en cuanto a la legalidad de la resolución de demoler.
El profesional sostuvo que no hubo siquiera ilegalidad administrativa en lo actuado por la IDM y señaló que la fiscalía deberá expresarse sobre los 7 fallos y resoluciones favorables, motivo por el cual le cuesta creer que haya alguna connotación penal.
Barrera, que aportó todos los fallos, pidió el archivo de la denuncia por abuso de funciones que le presentara el abogado de las familias en cuestión.