El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado reclamó «igual celeridad y eficiencia» para otros casos «referidos a hechos con apariencia delictiva acaecidos en el pasado»
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado difundió este lunes un comunicado condenando «los hechos delictivos que derivaron en la condena penal – entre otros – del intendente Pablo Caram, la exdiputada Valentina Dos Santos y el Secretario General Rodolfo Caram».
Luego agregar que «el sistema democrático no admite, y nuestra legislación condena, todo acto de corrupción en el uso indebido del poder público o ejercicio de la función pública».
Asimismo, se reclama «igual celeridad y eficiencia para el trámite de otros casos oportunamente denunciados y que se encuentran a estudio de Fiscalía, referidos a hechos con apariencia delictiva acaecidos en el pasado» y se señala la necesidad de que el Parlamento apruebe «los proyectos de ley presentados por los legisladores colorados: el exsenador Adrián Peña, sobre transparencia y obligatoriedad de concursos en el ingreso a la función pública en las Intendencias Municipales, y el diputado Conrado Rodríguez, referido a la suspensión y pérdida del derecho al cobro de subsidio previsto en el art. 5 de la Ley No. 15.900 por delitos contra la Administración Pública y otros relacionados con la corrupción».
Referido a lo ocurrido en Artigas, el CEN indica que «corresponde llevar adelante las acciones que prevé el artículo 25 de la Constitución de la República contra los funcionarios condenados, a efectos de resarcir a la Intendencia de Artigas del daño sufrido por su conducta ilegítima» y que es aplicable a los condenados el artículo 80 de la Constitución de la República, que dispone la suspensión de la ciudadanía por “sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena”.
También felicita a los ediles colorados Daniel Argañaraz, Cecilia Umpiérrez y Francisco Bandera «por la correcta decisión de haber presentado denuncias penales fundadas en el ejercicio de la tarea de control de la gestión y el uso – ajustado a derecho – de los dineros públicos por parte de las intendencias municipales».
Por último, se señala que «es imprescindible que los partidos integrantes de la Coalición de Gobierno actúen con claridad y firmeza en la condena de actos que constituyen violaciones a la legislación anticorrupción vigente».
