Según AEBU, la medida «antepone sus objetivos de rentabilidad sobre el interés del país» y también expone al conjunto de los trabajadores de sus empresas «a niveles de inseguridad y peligro repudiable».
AEBU señala en su declaración, que la justificación de que los costos de los medios de pagos digitales inciden negativamente en la rentabilidad se ha utilizado reiteradamente —y en esta ocasión también— para reclamar la liberalización del precio de combustibles, lo que llevaría a un mayor encarecimiento de sus precios y a transformar a las poblaciones más distantes de la capital del país en rehenes de los costos de traslado.
En otro punto, cuestiona que «los principios de libertad defendidos por el Gobierno y toda la sociedad solo son plenos cuando todas las partes pueden ejercerlos. Esta decisión es absolutamente limitante de la libertad de los consumidores, y sus consecuencias negativas serán mucho más severas de extenderse al resto del país o a otras áreas de la actividad económica».
Agregan que esta decisión corporativa de un conjunto de empresarios busca desterrar la diversidad de medios de pago en nuestras relaciones de consumo; va en sentido contrario a las tendencias internacionales, a la prestación de servicios modernos y de calidad a sus clientes, e incluso a la orientación del propio Estado que impone su uso en los peajes de todo el país.
La decisión de dicho sector empresarial antepone sus objetivos de rentabilidad sobre el interés del país, provocando una afectación directa para el turismo de nuestro principal balneario, en tiempos donde este sector ha sufrido dos temporadas críticas, concluyen.
