Las organizaciones sociales de Punta Ballena aguardan la resolución que emitiría en los próximos días el Ministerio de Ambiente, respecto al controvertido proyecto del Complejo Residencial Punta Ballena. En las últimas horas, los colectivos emitieron un comunicado dirigido a la opinión pública, instando a las autoridades a considerar la voz de la comunidad y la importancia de proteger el patrimonio natural y cultural.
El comunicado subraya que esperan que la resolución adoptada por el Ministerio de Ambiente se base en las consideraciones técnicas y legales presentadas durante el proceso de evaluación, así como en las numerosas manifestaciones públicas de vecinos, académicos, y profesionales en defensa del área, la cual es considerada parte del patrimonio natural, histórico y cultural de Uruguay.
Las organizaciones recuerdan en el documento las razones técnicas y legales que cuestionan la viabilidad del proyecto, advirtiendo que su implementación podría acarrear graves consecuencias ambientales, paisajísticas, culturales y sociales para la zona. Además, mencionan el pronunciamiento del Ministerio de Turismo, que formuló objeciones al proyecto, destacando la importancia de preservar la vista panorámica, el frente rocoso y la vegetación autóctona, atributos que hacen de Punta Ballena uno de los puntos turísticos más importantes del país.
«El proyecto toma la mirada turística como elemento de justificación por tratarse de un punto de interés turístico en sí mismo … pero no profundiza en su contribución a la cadena de valor turística del destino, ni menciona sus posibilidades de eslabonamiento con el resto de los servicios del destino y los actores que lo gestionan», expresa el informe de la cartera de Turismo.
Y agrega: «tampoco se hace énfasis en la sostenibilidad económica, social o ambiental asociada al sistema turístico, que garantice la permanencia y contribución del proyecto a la actividad turística en particular y al territorio de influencia en general, considerándose su enclave de un enorme interés
público nacional”.
Desde el punto de vista legal, las organizaciones mencionan que a fines de julio presentaron al Ministerio de Ambiente información obtenida a través de la Ley de Acceso a la Información Pública que demostraría la falta de registro catastral del área donde se pretende llevar a cabo el proyecto, lo que podría invalidar el proceso de evaluación ambiental. Pese a la gravedad de este hallazgo, afirman no haber recibido respuesta por parte del Ministerio, lo que motivó la solicitud de una entrevista con el ministro Robert Bouvier.
“Mientras esperábamos la respuesta a esta solicitud, el ministro Bouvier y el presidente de la República Luis Lacalle Pou comentaron que estaría por finalizar la evaluación ambiental del proyecto”.
