La comisión de vecinos de Piriápolis “Pro Playa” llevó adelante una reunión informativa abierta en la que presentó resultados de estudios técnicos que encienden una señal de alarma sobre el futuro de la costa.
El integrante de la comisión, Pablo Stratta, explicó que los informes elaborados por el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) de la Facultad de Ingeniería de la UdelaR y la Universidad de Cantabria coinciden en un diagnóstico preocupante: si no se implementan medidas urgentes, Piriápolis podría perder sus playas en un plazo de 30 años. Esta situación impactaría directamente en uno de los principales destinos turísticos del país y en la generación de divisas.
Tras ocho años de trabajo sostenido para visibilizar la problemática, desde Pro Playa informaron que la etapa de estudios técnicos fue culminada con éxito y que el objetivo inmediato es avanzar hacia un proyecto ejecutivo que permita concretar obras de defensa costera.
La convocatoria contó con la presencia de diversas autoridades y referentes políticos, entre ellos, el exintendente Enrique Antía, los diputados Joaquín Garlo, Diego Echeverría y Gabriel Gurméndez, así como representantes del gobierno nacional, departamental y municipal, ediles de distintos partidos, vecinos y comerciantes.
El doctor Jorge Shusman, líder de la comisión, destacó la amplia participación y señaló que se alcanzó “un punto de inflexión” que permitirá fortalecer el movimiento y exigir que la situación sea considerada una prioridad a nivel nacional.
Por su parte, la concejal Olga Rivero subrayó la necesidad de integrar esfuerzos desde el Municipio de Piriápolis con iniciativas como el NAP Costas y el plan REACC, en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. “El no hacer nada es el camino más caro y doloroso”, afirmó, remarcando la claridad de los estudios presentados.
El diputado Joaquín Garlo enfatizó que el problema trasciende lo ambiental y afecta directamente la economía regional. “Si no hay playa, no hay turismo, y eso repercute en la calidad de vida de miles de personas en Maldonado”, al tiempo que llamó a una articulación entre todos los niveles de gobierno.
En la misma línea, el diputado Diego Echeverría valoró el trabajo de la comisión y advirtió sobre la urgencia de actuar, planteando además la necesidad de involucrar organismos internacionales de crédito para financiar las obras.
La diputada Mary Araújo, ausente por encontrarse fuera del país, envió una nota de respaldo leída durante el encuentro, mientras que su suplente Diego Caraballo participó en su representación. En tanto, el diputado Gabriel Gurméndez manifestó su apoyo a la iniciativa y compartió experiencias internacionales en la materia.
Finalmente, el exintendente Enrique Antía recordó las gestiones realizadas en el período anterior, incluyendo estudios y un anteproyecto que no llegó a ejecutarse. “Esperamos que este trabajo sea tomado con total seriedad por las autoridades actuales”, expresó.
