La Coalición Republicana defendió la legalidad del proceso de contratación del astillero español Cardama para la construcción de patrulleras oceánicas y cuestionó la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato. Tras cinco meses de trabajo, la Comisión Investigadora Parlamentaria culminó su labor con 17 sesiones y 23 comparecencias, en un debate que ahora pone el foco en las consecuencias económicas, jurídicas y estratégicas de la decisión.
En una conferencia de prensa realizada este miércoles 14 de octubre en el Palacio Legislativo, legisladores nacionalistas, colorados y del Partido Independiente sostuvieron que durante la investigación no surgieron testimonios que señalaran hechos de corrupción, coimas o favorecimiento de empresas por parte de las autoridades de la Administración de Luis Lacalle Pou.
El diputado nacionalista Gabriel Gianoli afirmó que las conclusiones de la comisión permitirán, a su juicio, desmontar las acusaciones que rodearon la contratación y sostuvo que la rescisión respondió a una decisión política destinada a frenar una obra impulsada por el gobierno anterior.
Gianoli remarcó que ninguno de los 23 comparecientes señaló actos ilícitos de los jerarcas que participaron en el proceso de adquisición y futura construcción de las embarcaciones. También cuestionó el relato que vinculó la contratación con presuntas irregularidades y defendió la actuación de los exministros Javier García y Armando Castaingdebat.
Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani sostuvo que durante los 15 años de gobiernos del Frente Amplio no se concretó la compra de patrulleras oceánicas, pese a la importancia de contar con medios adecuados para controlar el mar territorial, combatir el narcotráfico y el contrabando y reforzar la seguridad marítima.
Schipani afirmó que el procedimiento de contratación de Cardama estuvo respaldado por informes técnicos de la Armada y por el Tribunal de Cuentas. No obstante, reconoció que el tema de la garantía formó parte de las dificultades del proceso y sostuvo que existían informes jurídicos favorables sobre ese aspecto.
El legislador también lanzó fuertes acusaciones contra la ministra de Defensa, a quien responsabilizó por la conformación de un grupo que, según denunció, habría realizado actuaciones sin respaldo normativo dentro de la cartera. Esos cuestionamientos forman parte de la posición de la oposición y no constituyen, por sí mismos, hechos judicialmente probados.
Las consecuencias económicas y la falta de patrulleras
Uno de los principales cuestionamientos de la Coalición Republicana se centra en el costo que puede tener para el Estado la rescisión del contrato y en el tiempo que Uruguay permanecerá sin las embarcaciones previstas.
El diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo sostuvo que un año después de anunciada la rescisión el gobierno no logró acreditar hechos ilícitos que justificaran la decisión, según su evaluación de la investigación parlamentaria. Afirmó además que la Administración no explicó de manera suficiente las razones que llevaron a poner fin al acuerdo.
Sotelo advirtió que el contrato original ascendía a 82 millones de euros, de los cuales ya se habían pagado 30 millones. Según indicó, el Estado enfrenta reclamos por daños y perjuicios y podría quedar expuesto a una indemnización de magnitud, aunque el costo final todavía no está determinado.
A esos montos se suman, de acuerdo con el legislador, cientos de miles de dólares destinados a estudios jurídicos y consultorías internacionales vinculados al conflicto. También señaló que Uruguay debe afrontar la situación de las patrulleras que quedaron a medio construir en el astillero español, mientras continúa el litigio con la empresa.
Para Sotelo, el perjuicio no se limita al aspecto económico. Advirtió que la falta de estas embarcaciones compromete la capacidad del país para ejercer el control y la vigilancia de su mar territorial, y sostuvo que todavía no existe certeza sobre cuándo podrá contar con los medios previstos originalmente.
Denuncia ante Fiscalía y acusaciones cruzadas
Durante la conferencia, Sotelo anunció que la coalición espera que la Fiscalía investigue una denuncia penal presentada contra la ministra de Defensa por presuntos delitos de abuso de funciones y usurpación de funciones. Según explicó, los cuestionamientos se relacionan con actuaciones que atribuye a integrantes del gobierno durante el proceso que desembocó en la rescisión.
El legislador afirmó que la decisión de terminar el contrato habría provocado un daño al patrimonio público y sostuvo que la documentación de la comisión investigadora permitirá examinar tanto la legalidad de la contratación original como las actuaciones de la actual Administración.
También cuestionó que la comisión no recibiera toda la documentación relacionada con el arbitraje internacional y afirmó que parte de esa información debió obtenerse mediante solicitudes de acceso a la información pública.
La Coalición Republicana sostiene que el procedimiento original fue legal y que la rescisión respondió a una motivación política. El oficialismo, por su parte, impulsó la investigación sobre la contratación y las garantías vinculadas al astillero español.
