Las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) expresaron su desacuerdo con la decisión judicial que dispuso la internación por 30 días en dependencias del Inisa de las tres adolescentes investigadas por la agresión contra Valeria Ripoll y su hija.
La Justicia formalizó a las jóvenes por dos delitos de lesiones personales y un delito de violencia privada, y resolvió aplicar como medida cautelar la privación de libertad. La Fiscalía fundamentó el pedido en la existencia de riesgos para las víctimas y en la posibilidad de que pudiera producirse un eventual entorpecimiento de la investigación mediante incidencia sobre testigos.
Tras conocerse la resolución, la presidenta del INAU, Claudia Romero, y el vicepresidente, Mauricio Fuentes, difundieron un comunicado conjunto en el que calificaron la decisión como “una muy triste noticia”.
Los jerarcas sostuvieron que la privación de libertad de adolescentes debe utilizarse como último recurso y por el período más breve posible. Al mismo tiempo, reconocieron que el Sistema de Protección Especial presenta problemas “estructurales y persistentes” y admitieron que el organismo tiene responsabilidad en una situación que incrementa la vulnerabilidad de niños y adolescentes que atravesaron experiencias de dolor y daño.
Romero y Fuentes señalaron que el INAU trabaja sobre esas debilidades mediante acciones de corto, mediano y largo plazo, aunque remarcaron que los procesos de transformación institucional requieren tiempo.
En el comunicado también calificaron la violencia como “injustificable” y señalaron que debe ser abordada a través de diferentes herramientas. Sin embargo, cuestionaron la exposición pública y lo que consideraron un ensañamiento hacia las adolescentes.
El episodio que originó la investigación ocurrió el viernes 6 de noviembre, cuando Ripoll denunció que fue golpeada frente a su vivienda por adolescentes vinculadas a un hogar del INAU ubicado en las inmediaciones. La dirigente presentó un hematoma en el rostro y su hija sufrió una lesión en la zona del hombro.
Las autoridades del organismo reclamaron que el caso sea tratado con responsabilidad institucional y que se mantenga como prioridad la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, mientras continúa el proceso judicial.











































