La Junta Departamental de Maldonado aprobó por unanimidad una nueva resolución que fija criterios para la colocación de sombrillas en la franja costera, que modifica las normas vigentes desde 2022.
La iniciativa fue impulsada por el edil frenteamplista Leonardo Pereira e incorporó cambios propuestos por los nacionalistas Pablo Chalar y Guillermo Ipharraguerre.
“En los últimos años, dada la cantidad de edificios nuevos, así como la cantidad de usuarios de estos, la mayoría de la primera línea de la franja costera se ocupa reservando lugares en tempranas horas de la mañana con sombrillas y sillas, que, sin ser usadas inmediatamente, impiden a quien concurre a la playa ubicarse con libertad e igualdad de condiciones en un lugar de uso público”, señala el documento aprobado.
Las modificaciones que se aprobaron por unanimidad apuestan a separar lo que ocurre con servicios de playa que brindan edificios, hoteles y complejos inmobiliarios, y el uso individual y libre del espacio público por parte de los ciudadanos. También fija un régimen de sanciones, que deberá ser reglamentado por la Intendencia de Maldonado.
La iniciativa aprobada en la Junta prohíbe a hoteles, restaurantes o complejos “instalar o armar sillas, sombrillas, reposeras y demás implementos con la finalidad de reservar espacios de playa para usuarios que no se encuentren presentes”. “Los implementos deberán instalarse a medida que los usuarios arriben a la playa y retirarse o desarmarse una vez que estos abandonen el lugar”, agrega el documento.
La Intendencia con los municipios y los involucrados deberán establecer lugares para depósitos de esos implementos mientras no se encuentren en uso. Por otro lado, se prohíbe la utilización de vehículos a motor en la franja costera.
“El incumplimiento de las disposiciones del presente decreto dará lugar a las sanciones que establezca la normativa departamental, de acuerdo con la gravedad de la infracción y respetando las garantías del debido procedimiento administrativo; pudiéndose ante la reiteración de incumplimiento el revocar de forma inmediata la autorización. La reglamentación podrá establecer los procedimientos de fiscalización y constatación de infracciones, sin crear sanciones no previstas por norma competente”, consignó el texto.













































