El diputado del Partido Nacional por Maldonado Diego Echeverría presentó en la Cámara de Representantes una minuta de comunicación para que el Poder Ejecutivo impulse una ley que garantice al menos un fiscalizador del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) en cada uno de los 19 departamentos.
La propuesta apunta a reforzar la presencia territorial del organismo sin crear nuevas fuentes de financiamiento. Según el planteo, los cargos necesarios se cubrirían utilizando créditos correspondientes a vacantes efectivas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), preservando las funciones esenciales del ministerio y los concursos o ascensos actualmente en trámite.
Para financiar traslados, combustible, equipamiento y otros gastos vinculados a la fiscalización, la iniciativa propone reasignar anualmente 6.226.941 unidades indexadas, equivalentes a aproximadamente $40 millones a valores del 1.º de enero de 2026.
Ese monto se descontaría de créditos de Rentas Generales destinados a la adquisición de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización, sin afectar compromisos ya asumidos ni los recursos propios del organismo.
La propuesta surge en un contexto de fuertes limitaciones operativas del INBA. Su presidente, Esteban Vieta, afirmó el pasado 28 de octubre que el instituto cuenta con ocho funcionarios para atender todo el país y que solamente tres cubren 17 departamentos del interior. El organismo recibe además cientos de denuncias mensuales.
La situación también fue planteada en Maldonado durante un conversatorio con productores rurales, donde se reclamaron mayores respuestas ante perros sueltos y ataques a majadas. En esa instancia, Vieta reconoció que con tres funcionarios resulta “dificilísimo” atender el interior y realizar las tareas de fiscalización necesarias.
En caso de aprobarse la ley, el MGAP y el INBA deberán elaborar en un plazo de 90 días un plan de cobertura que determine el personal disponible, las denuncias pendientes y las necesidades de cada departamento. La presencia mínima de un fiscalizador deberá alcanzarse dentro de los 12 meses posteriores a la publicación de ese plan.
Además, el MGAP deberá informar anualmente al Parlamento cuántos fiscalizadores trabajan en cada departamento, las denuncias atendidas y pendientes, los tiempos de respuesta, las inspecciones realizadas, las medidas y sanciones adoptadas y la ejecución de los fondos destinados a fiscalización.
La iniciativa busca así fortalecer la capacidad de respuesta del INBA ante denuncias de maltrato, abandono, ataques a animales de producción y otras situaciones que requieren presencia y seguimiento directo en territorio.













































