El dinero fue aportado en el período de gobierno del Frente Amplio por UTE y Ancap.
“El proyecto no era viable desde su inicio”, dijo la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, quien, junto con el vicepresidente de la empresa, Julio Luis Sanguinetti, y los directores Felipe Algorta y Enrique Pées Boz participó en una conferencia de prensa en donde dio detalles.
En octubre de 2020, UTE contrató a la empresa Pricewaterhousecoopers para realizar una auditoría de gestión sobre el proyecto de la planta regasificadora de Gas Sayago, sociedad anónima cuyos accionistas son la empresa de energía eléctrica y Ancap.
Emaldi subrayó la pérdida de 213 millones de dólares al presente y enfatizó en que “se hace difícil comprender las razones por las cuales se siguió adelante, incluso cuando en el año 2015 se cobró una garantía de 100 millones de dólares por la rescisión por incumplimiento del contrato principal”.
De esa garantía por 100 millones de dólares, 20 millones fueron destinados a gastos de administración, 36 millones al pago de préstamos, 23 millones al pago de impuesto a la renta y 21 millones al pago de activo fijo, describió.
El informe también detalla los beneficios de los funcionarios: gastos por viajes al exterior (290.000 dólares), capacitación que incluía maestrías y posgrados (247.000 dólares), gastos de alimentación (212.000 dólares), pago de aguinaldos dobles, indemnizaciones especiales por despido, entre otros gastos.
Además, Gas Sayago ha sido demandada por 37 millones de dólares, el costo de 8 millones de dólares por el desmantelamiento de los pilotes ubicados en el Río de la Plata, y los 3 millones de dólares anuales de gastos de funcionamiento mientras dure su liquidación, así como los gastos directos de UTE y Ancap que no figuran en la contabilidad.
Emaldi dijo que la consultora no detectó la existencia de un plan de negocios por parte de UTE o Ancap ni un modelo financiero de factibilidad del proyecto para la adjudicación de los principales contratos.
El informe será puesto en conocimiento del Ministerio Público y que se procederá a contratar a un profesional experto en la materia penal de probada idoneidad para actuar a tales efectos.
