La Justicia de Maldonado condenó a un hombre por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados cometidos contra una menor de edad, en una causa que se inició a comienzos de este año tras la denuncia presentada por un familiar de la víctima. Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar económicamente a la joven y permanecerá inhabilitado durante diez años para ejercer determinadas funciones.
La investigación comenzó en enero de 2025, cuando una mujer se presentó ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género (CEVDG) de Maldonado para denunciar que un allegado a la familia habría abusado sexualmente de una menor.
Según surgió de la denuncia, los hechos se habrían prolongado durante un período considerable, aprovechando el acusado la relación de confianza y cercanía que mantenía con el núcleo familiar para cometer los abusos.
Tras tomar conocimiento del caso, la Justicia dispuso de inmediato medidas de protección para preservar la integridad de la víctima. Entre ellas, ordenó la prohibición de acercamiento y comunicación del denunciado, además de pericias e intervenciones realizadas por equipos técnicos especializados.
Durante varios meses, la Fiscalía y el Juzgado especializado en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual de San Carlos desarrollaron diversas diligencias, audiencias y actuaciones que permitieron reunir los elementos necesarios para avanzar en el proceso judicial.
Finalmente, el pasado 25 de junio se celebró la audiencia en la que el magistrado resolvió condenar al imputado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, imponiéndole una pena de dos años y cinco meses de penitenciaría.
La sentencia también establece una reparación patrimonial a favor de la víctima, equivalente a doce ingresos mensuales del condenado o, en su defecto, a doce salarios mínimos nacionales. Asimismo, se dispuso la suspensión del ejercicio de la patria potestad y la inhabilitación para desempeñar funciones públicas y privadas por el plazo de diez años, como parte de las medidas accesorias impuestas por la Justicia.
