El diputado por Maldonado del Partido Nacional, Federico Casaretto, expresó una fuerte crítica a la permanencia de Leonardo Danza como presidente de ASSE, asegurando que se trata de “una irregularidad institucional que compromete la legalidad y la ética en la función pública”. Sus declaraciones se dieron tras la interpelación a la ministra de Salud Cristina Lustemberg, instancia que dejó en evidencia “un problema que el gobierno se niega a corregir”.
Casaretto afirmó que existe amplia coincidencia entre juristas respecto a la inconstitucionalidad de que Danza ocupe la presidencia de ASSE mientras mantenía vínculos laborales con el ámbito privado. Recordó que la Constitución establece incompatibilidades estrictas para evitar conflictos de interés: así como un diputado no puede trabajar en un hospital público, un presidente o director de ASSE no puede desempeñarse en una mutualista debido a los contratos que la institución mantiene con estas entidades.
“El legislador fue muy sabio cuando estableció que, durante el ejercicio del cargo y un año después, no se puede volver al ámbito privado que contrata con ASSE, para evitar favorecer o perjudicar a determinadas instituciones”, explicó. En su opinión, esta norma fue ignorada durante meses, y recién recientemente Danza dejó sus actividades privadas.
El diputado sostuvo que el Frente Amplio desconoció informes y advertencias de especialistas y de la propia oposición, lo que también derivó en un daño institucional para organismos como la JUTEP. “Dos integrantes de la JUTEP desconocieron 28 páginas de juristas que demostraban la inconstitucionalidad. La JUTEP era un organismo respetado, como la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas”, afirmó.
Casaretto también planteó cuestionamientos éticos hacia Danza por presuntos registros de marcación virtual en su cargo docente mientras realizaba actividades oficiales en el interior del país. “Eso es corrupción. El número uno tiene que dar el ejemplo”, señaló.
Para el legislador, la situación dejó a Danza “totalmente desgastado” y lo convierte en “un presidente de facto”. También advirtió que la oposición mantendrá una vigilancia estricta en cada resolución que tome. “Cuando diga que una mutualista no puede participar, la perjudica; cuando diga lo contrario, la favorece. Ese conflicto de interés es intolerable para un país como Uruguay”, sostuvo.
Casaretto afirmó que la situación “no se arregla con renuncias tardías ni con devolver dinero”, ya que existen pagos indebidos por alrededor de cinco millones de pesos correspondientes al ejercicio simultáneo de sus funciones, indicó. “La violación ya se consumó. Esto no es personal con Danza, es institucional. Y para nosotros, la única salida es que dé un paso al costado”, concluyó.
