Luego de varias semanas de negociación, la comisión de Hacienda integrada con Transporte aprobó por unanimidad el proyecto de ley que propone reducir y reestructurar las multas de tránsito en Uruguay. La iniciativa, impulsada por legisladores de la oposición, será considerada en el Parlamento en los primeros días de mayo.
El acuerdo alcanzado contó con respaldo tanto del oficialismo como de la oposición, según informó uno de los promotores del proyecto, el diputado colorado Conrado Rodríguez. De acuerdo a lo publicado por el diario El País, el texto sufrió ajustes en los montos durante la negociación, lo que permitió destrabar el consenso político.
Uno de los principales cambios es la fijación de un tope máximo para las infracciones cometidas en rutas nacionales, que será de 15 Unidades Reajustables (UR), equivalente a $ 28.716. Además, se establece un sistema de multas escalonado según el exceso de velocidad y el plazo de pago.
Para excesos de hasta 20 km/h, la sanción será de 2,5 UR ($ 4.786) si se abona dentro de los primeros 180 días. Ese monto sube a 3,5 UR ($ 6.700) si se paga antes del año, y a 5 UR ($ 9.572) si se supera ese plazo o se acumulan tres o más infracciones.
En el tramo de entre 21 y 30 km/h por encima del límite, las multas irán de 4 a 8 UR, dependiendo del momento de pago, con valores que oscilan entre $ 7.658 y $ 15.315.
Para excesos mayores, de más de 31 km/h y hasta casi duplicar la velocidad permitida, las sanciones irán de 6 a 12 UR (entre $ 11.486 y $ 23.309). En tanto, quienes superen el doble del límite no tendrán beneficios por pago anticipado y deberán abonar el máximo de 15 UR.
El proyecto también fija multas de 10 UR ($ 19.144) para quienes crucen semáforos en rojo o adelanten en zonas prohibidas en rutas nacionales. Por su parte, conducir bajo efectos de alcohol o drogas, negarse a realizar la espirometría o circular sin matrícula —o con ella adulterada u oculta— mantendrá una sanción de 15 UR.
Este último punto fue incorporado a solicitud del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que advirtió que más de 300.000 infracciones no pudieron sancionarse por irregularidades en las matrículas. Lo recaudado en estos casos será destinado a financiar obras de infraestructura vial a través de la Corporación Nacional de Desarrollo (CND).
Asimismo, la iniciativa prevé la creación de un Fondo de Educación en Seguridad Vial que será administrado por el MTOP y tendrá como objetivo promover campañas de concientización y la instalación de radares pedagógicos. Si bien en versiones anteriores se establecía un porcentaje fijo de lo recaudado para este fin, esa disposición fue eliminada, aunque se mantiene la intención de asignar recursos.
Los cambios propuestos surgen en un contexto de alta morosidad en el pago de multas. En 2025 se aplicaron más de 1.036.000 sanciones en todo el país, pero solo 333.702 fueron efectivamente abonadas o financiadas, lo que implica un incumplimiento superior al 67%. En el caso de conductores extranjeros, la cifra asciende al 96%.
Con este proyecto, los legisladores buscan mejorar los niveles de cumplimiento y generar un sistema de sanciones más efectivo y equitativo.
