El Poder Ejecutivo resolvió modificar el régimen tributario para los vehículos eléctricos en Uruguay y estableció que, a partir del 1.º de enero de 2027, algunos modelos comenzarán a pagar el Impuesto Específico Interno (IMESI), una medida que busca adaptar los beneficios fiscales a la evolución del mercado automotor.
La decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi, junto a los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.
La nueva normativa establece que los vehículos eléctricos destinados al transporte de pasajeros continuarán exonerados del tributo siempre que su valor de importación no supere los US$ 19.000. En cambio, aquellos cuyo precio en aduana se ubique entre US$ 19.001 y US$ 27.000 deberán tributar un IMESI del 5%, mientras que los modelos que excedan los US$ 27.001 pagarán una tasa del 9%.
Los cambios alcanzan exclusivamente a los automóviles eléctricos de la categoría de pasajeros y no comprenden a los vehículos utilitarios.
El decreto también redefine el tratamiento impositivo para los automóviles híbridos. En estos casos, la carga tributaria continuará dependiendo tanto del valor de importación como de la cilindrada del motor, con tasas que oscilarán entre el 7% y el 34,5%, incrementándose para los vehículos de mayor valor.
En la fundamentación de la medida, el Gobierno señala que el mercado de vehículos eléctricos ha registrado un crecimiento sostenido durante los últimos años, impulsado por la reducción de los costos de esta tecnología y una mayor oferta de modelos. No obstante, reconoce que estos automóviles todavía representan una proporción reducida del parque automotor nacional.
El Ejecutivo sostiene que la política fiscal debe actualizarse de acuerdo con la evolución del mercado, ajustando gradualmente los incentivos sin comprometer los objetivos estratégicos del país en materia de transición energética, movilidad sostenible y protección ambiental.
La decisión marca un cambio en el esquema de beneficios que Uruguay venía aplicando para promover la incorporación de vehículos eléctricos, manteniendo las exoneraciones para los modelos más accesibles y comenzando a gravar aquellos de mayor valor comercial a partir de 2027.
