La reglamentación de la nueva Ley de Empleo se encuentra en su etapa final y el Gobierno prevé que tanto el decreto reglamentario como la nueva plataforma Integra Empleo estén operativos durante el último trimestre del año, permitiendo que las empresas privadas comiencen a realizar contrataciones bajo el nuevo régimen, según explicó el director nacional de Empleo, Federico Araya.
Afirmó que desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se trabaja simultáneamente en la reglamentación de la ley y en el desarrollo de la plataforma Integra Empleo que sustituirá al actual sistema Vía Trabajo. A través de este nuevo portal deberán realizarse las postulaciones contempladas en la Ley Nº 20.506.
El jerarca indicó que las empresas interesadas en acceder a los beneficios deberán encontrarse al día con sus obligaciones ante el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI), mientras que las personas solo necesitarán contar con cédula de identidad uruguaya para registrarse y acceder a los beneficios de la seguridad social.
Inversión de US$ 10 millones
Para la implementación de la ley se destinarán aproximadamente 10 millones de dólares, equivalentes a 407 millones de pesos, provenientes del Fondo de Reconversión Laboral financiado por Rentas Generales.
Además de promover la inserción laboral en el sector privado, la normativa incorpora un fuerte respaldo al emprendedurismo. En ese sentido, se asignarán 75 millones de pesos para apoyar proyectos de trabajo independiente en coordinación con instituciones como la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). Entre los incentivos figura una exoneración del 50% de los aportes patronales para emprendimientos liderados por los colectivos beneficiarios de la ley.
El objetivo es superar las 4.000 contrataciones anuales
Araya señaló que el Gobierno se fijó como meta mantener, al menos, las 4.000 contrataciones anuales que se alcanzaban con la normativa anterior y, al mismo tiempo, mejorar la permanencia de los trabajadores en sus empleos.
Actualmente, explicó, cerca del 30% de esas contrataciones —unas 1.200 personas por año— no supera los tres meses de permanencia en el puesto de trabajo, por lo que uno de los principales desafíos será aumentar la estabilidad laboral.
Las personas contratadas mediante la nueva ley tendrán prioridad para acceder a cursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), certificar competencias a través del programa Uruguay Certifica y participar en programas de capacitación y emprendedurismo.
Beneficios para micro y pequeñas empresas
La normativa establece un tope salarial de 3,7 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalente a unos 25.400 pesos, sobre el cual se calcularán los subsidios que recibirán las empresas por las contrataciones.
