La fotografía del exvicepresidente Amado Boudou, esposado, en pijama y descalzo, detenido por la Prefectura Naval en su departamento de Madero Center grafica lo que no quieren representar en la administración libertaria.
“La foto humillante no va a estar”, anticipó una fuente de Gobierno a la agencia Noticias Argentinas por los pasillos de Balcarce 50 respecto al suceso que tuvo lugar en noviembre de 2017, y sumó: “Eso lo hacía el macrismo”.
Otra importante voz con acceso al despacho presidencial planteó que el procesó será “lo más cuidado posible”, y se mostró sorprendido por la determinación de la dirigente peronista de aplacar las expresiones de protesta.
Lo cierto es que en el Poder Ejecutivo reina una clima de incomodidad entorno a la sentencia que dictó el pasado martes la Corte Suprema, y evitan correrse de las líneas acordadas que se limitan a remarcar que se trata de un proceso judicial y no político.
Si bien el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) a cargo de Jorge Gorini, deberá definir el lugar en el que deberá comparecer la exmandataria, desde el Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich, aseguraron que también forman parte del debate que por estas horas permanece abierto.
Por el momento, Gorini estableció que la exmandataria tiene cinco días hábiles para presentarse en los tribunales de Comodoro Py, y en caso de que la justicia no de lugar al pedido de prisión domiciliaria de la defensa, existe la remota posibilidad de que deba permanecer detenida en un establecimiento de las fuerzas federales.
El rechazo de la defensa de Cristina Kirchner
Esta mañana, los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy presentaron una nota ante el Tribunal para que Cristina Kirchner pueda cumplir con los seis años de cárcel en su departamento ubicado en la calle San José al 1111, sin la necesidad pasar por una alcaldía.
Especificaron además que las condiciones de asilamiento y vigilancia permanente necesarias solo pueden garantizarse en la privacidad de su hogar, y reclamaron que cumpla con el debito proceso sin hacer uso de la tobillera electrónica al exponer que tendrá custodiada las 24 horas.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Gregorio Dalbón, abogado defensor de la dos veces mandataria aclaró que el Ministerio de Seguridad no tiene competencia en la determinación que definirá el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) y que deberá pasar por un juez de ejecución.
“El ministerio de Seguridad no tiene injerencia, ellos dicen que sí porque es otra pillada de Bullrich que se está postulando para reemplazar a Milei o a (Rafael) Videla”, sentenció.
La detención de una expresidenta, que además sufrió un intento de magnicidio, altera cualquier tipo protocolos, por lo que el letrado considera que la exmandataria debiera realizar el procedimiento correspondiente en su departamento del barrio porteño de Monserrat.
En paralelo, Dalbón se presentó ante la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, y se espera que la próxima semana eleve una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la aplicación del inciso f del artículo 366 del Código Procesal Penal Federal (CPPF) como última instancia de apelación.
La idea es poder acceder al recurso de revisión de la sentencia condenatoria dictada por la Cámara Federal de Casación, que -precisó- es vinculante para los jueces, y de lugar a la recusación de Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.
