El edil del Frente Amplio, Pablo Cícero, criticó los aumentos aplicados por la Intendencia de Maldonado en materia de la contribución inmobiliaria y otras tasas municipales, señalando que en algunos casos triplican la inflación y no contemplan el impacto social en la población.
El cuestionamiento surgió tras la respuesta oficial al pedido de informes (Exp. 21/2026) presentado por el legislador departamental, en el que se solicitaban detalles sobre la evolución de los tributos y los criterios utilizados para su ajuste.
Según detalló la fuerza política en un comunicado, de acuerdo a los datos proporcionados por la propia Intendencia, Uruguay cerró 2025 con una inflación del 3,65%, mientras que algunos tributos registraron incrementos significativamente mayores. Entre ellos, la Tasa de Conservación de Pavimento aumentó un 11,41%, superando ampliamente el índice inflacionario.
Asimismo, el informe indica que la recaudación tributaria global crecerá un 5,40% en 2026, también por encima de la inflación.
Uno de los puntos más cuestionados por Cícero es la sustitución del Impuesto General Municipal (IGM) por el nuevo Impuesto General Ambiental (IGA), lo que implicó un aumento de la recaudación del 42,59%, pasando de 1.232 millones a más de 1.756 millones de pesos.
Este incremento responde, según se detalla, a una suba en las alícuotas que afecta a distintos sectores: viviendas y comercios minoristas pasaron del 2% al 3%, hoteles y restaurantes del 3% al 4%, y supermercados e hipermercados del 5% al 6%.
El edil frenteamplista también señaló que el proceso de actualización de valores y aforos se basó exclusivamente en criterios del mercado inmobiliario, sin incluir estudios desde el punto de vista social.
“Se aplicaron aumentos sin evaluar si las familias, los jubilados o los propietarios de vivienda única están en condiciones de afrontarlos”, sostuvo.
En ese sentido, agregó que “se está tratando de la misma manera a un gran inversor inmobiliario que a un vecino trabajador, priorizando la recaudación por sobre la capacidad de pago”.
Desde el Frente Amplio se considera que estos datos reflejan una política tributaria que incrementa la presión fiscal sin contemplar la realidad económica de la población, en un contexto donde consideran que resulta necesario proteger el ingreso de los hogares.
