El diputado por el Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, se refirió al denominado caso Cardama y cuestionó las decisiones adoptadas por el Gobierno en torno al contrato para la adquisición de lanchas destinadas a la vigilancia marítima.
En sus declaraciones, Gurméndez señaló que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, calificó la resolución de rescidirlo como una “decisión política” antes que jurídica, algo que marca el enfoque que se le dio al tema desde el Poder Ejecutivo.
El legislador sostuvo que las medidas adoptadas “están alejando lo que era el objetivo que creo que todos los uruguayos compartíamos”, en referencia a la necesidad de contar con embarcaciones para la vigilancia de la soberanía en el mar. Según expresó, el Gobierno fue dando pasos que “fueron cerrando las posibilidades de cumplir de buena fe un contrato”.
En ese sentido, recordó que en cualquier acuerdo las partes deben actuar de buena fe para alcanzar el objetivo final, que en este caso era dotar al país de las lanchas comprometidas. A su juicio, el camino elegido podría colocar a Uruguay en una situación de vulnerabilidad jurídica y generar una “contingencia económica grave”.
Gurméndez también cuestionó la falta de información sobre los fundamentos jurídicos de las denuncias vinculadas al caso. Indicó que legisladores han solicitado documentación y que, hasta el momento, no se ha brindado la transparencia necesaria.
En cuanto a los pasos a seguir, explicó que la oposición había planteado la posibilidad de conformar una comisión para analizar el tema, aunque aclaró que todavía no hay una fecha definida. “Vamos a analizar si aparecen nuevos elementos y en función de eso vamos a actuar siempre para defender el interés del Uruguay”, afirmó.
El diputado también advirtió sobre el impacto que este tipo de situaciones podría tener en la imagen del país frente a futuros inversores o proveedores. “Uruguay siempre se caracterizó por el cumplimiento estricto de las normas jurídicas, por la seguridad y las certezas que brinda. Si se mete lo político en el medio del cumplimiento de obligaciones entre las partes, eso termina menoscabando esas garantías”, señaló.
Por otra parte, al ser consultado sobre un fallo judicial vinculado al puerto, Gurméndez consideró que fue una ratificación de que lo actuado por el anterior gobierno se ajustó a derecho. Sostuvo que, tras la “alarma política” generada en su momento, los tribunales terminaron dando la razón al gobierno de la entonces coalición republicana.
