Ámbar tenía dos años cuando el 5 de enero de 2025 estaba en brazos de su padre y recibió quince balazos en el barrio Nuevo Ellauri de Montevideo, en un caso que generó un fuerte impacto en la opinión pública por las características del hecho.
La niña estuvo grave internada en el Hospital Pereira Rossel por un tiempo prolongado y su padre murió por las heridas recibidas. El hombre tenía 22 años y había estado recluido en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por distintos delitos, entre ellos el asesinato de un policía ocurrido cinco años antes. Enseguida se habló de un enfrentamiento entre bandas vinculadas al narcotráfico.
Unos meses antes, una persona denunció que el 30 de octubre de 2024 fue retenido durante varias horas, sometido a torturas, golpes y mutilaciones. Recibió disparo en una pierna, sufrió fractura de fémur y lesiones severas, según se acreditó en el juicio oral. El hecho fue filmado por un adolescente y ese video fue clave en la investigación.
En las últimas horas, la Fiscalía de Adolescentes de Montevideo de 2.º Turno, a cargo de los fiscales Pablo Rivas y Federico Fascioli, responsabilizó en un juicio oral a un adolescente por su participación en esos delitos de “extrema violencia”, ocurridos entre octubre de 2024 y enero de 2025, al que se le impuso “la máxima medida socioeducativa privativa de libertad prevista para adolescentes infractores”, que son diez años en el Inisa.
La Fiscalía de la Nación dio detalles de lo ocurrido en los dos casos. Con respecto al hombre retenido y torturado, el menor “filmó parte de las agresiones con su teléfono celular mientras amenazaba e insultaba a la víctima”. La persona “fue retenida durante varias horas y sometida a torturas, golpes y mutilaciones. Según se acreditó en el juicio oral, la víctima recibió un disparo en una pierna, sufrió fractura de fémur y lesiones severas”, informó Fiscalía.
En el hecho de asesinato en Nuevo Ellauri ocurrido en enero de 2025, “el adolescente condujo una motocicleta utilizada para trasladar al autor material de los disparos” y antes de que se concretara la ejecución realizó “tareas de vigilancia previas”.
La defensa del menor había solicitado su absolución cuestionando la solidez de las investigaciones, pero la justicia desestimó ese planteo. “En la sentencia se señala que los testimonios presentados por la defensa para respaldar una coartada carecían de credibilidad y resultaban contradictorios con la evidencia científica y audiovisual reunida durante el proceso”, indicó Fiscalía.
Además, según el fallo, “el acervo probatorio incorporado por Fiscalía resulta unívoco y suficiente para quebrar la presunción de inocencia respecto de los hechos delictuales”.
Ante la gravedad de los hechos, “la violencia desplegada y las consecuencias sufridas por las víctimas”, la Justicia resolvió aplicar la máxima medida socioeducativa para el menor, que son diez años en el Inisa.
“El adolescente fue responsabilizado, en calidad de autor y coautor, de cuatro infracciones gravísimas a la ley penal tipificadas como un delito de privación de libertad especialmente agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de lesiones graves agravadas en calidad de autor y estos dos delitos en régimen de reiteración real con un delito de homicidio complejo especialmente y muy especialmente agravado por haberse cometido con premeditación, en presencia de menores de edad, y en concurso con otro homicidio en grado de tentativa; y en régimen de reiteración real con una infracción grave prevista en la ley penal como un delito de tráfico de armas de fuego en calidad de coautor”, concluyó Fiscalía.
