La iniciativa del gobierno de Yamandú Orsi modifica la norma aprobada durante la administración de Luis Lacalle Pou y habilita la jubilación anticipada para algunos casos concretos con 60 años, con 30 de aportes laborales.
La iniciativa, surgida del Diálogo Social, modifica el suplemento solidario, amplía el acceso a partidas adicionales por incapacidad permanente y elimina los plazos para reconocer años de trabajo anteriores a 1996.
De acuerdo a la exposición de motivos presentada ante el Parlamento, la nueva causal jubilatoria tendrá carácter general y apunta a contemplar dificultades laborales que enfrentan las personas mayores de 60 años, especialmente aquellas de menores ingresos y expuestas a los cambios tecnológicos.
El gobierno reconoce que la reforma previsional de 2023 contribuyó a mejorar la sostenibilidad financiera del sistema, pero sostiene que persisten problemas de equidad y riesgos fiscales. Argumenta que los trabajadores de menores ingresos suelen llegar a la edad jubilatoria con mayor desgaste físico y dificultades para mantenerse empleados.
La nueva causal será incompatible con el trabajo y establecerá incentivos para postergar el retiro, especialmente entre las personas de ingresos medios y altos. El proyecto también propone que el suplemento solidario se ajuste automáticamente mediante un promedio de las variaciones del Índice de Precios del Consumo y el Índice Medio de Salarios, con el objetivo de reducir la discrecionalidad y mejorar la previsibilidad del gasto.
El gobierno estima que el impacto fiscal de los cambios será de un máximo de 0,15% del producto interno bruto (PIB) entre 2040 y 2045, aunque sostiene que esto no representará un “desvío relevante” respecto de las proyecciones de la reforma de 2023.
Se estima que alrededor del 50% de las nuevas jubilaciones anuales corresponderían a personas que podrían acceder al beneficio, aunque no necesariamente todas lo utilizarían. Parte del gasto adicional se compensaría con jubilaciones de menor monto y ajustes al suplemento solidario. El gobierno proyecta que hacia 2070 la modificación generará un ahorro equivalente al 0,03% del PIB y que, a largo plazo, su impacto fiscal será neutro.
