El diputado del Partido Nacional por Maldonado, Federico Casaretto, volvió a reclamar la renuncia de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, luego de que el presidente Yamandú Orsi revocara la resolución que había reducido de cinco a tres años la inhabilitación profesional de la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo por la muerte de la pediatra Soledad Barrera.
La controversia se arrastra desde meses atrás. La rebaja de la sanción había generado fuertes cuestionamientos políticos y también malestar dentro de la propia estructura sanitaria. En junio, Lustemberg defendió ante el Parlamento que la decisión se había ajustado a derecho, mientras legisladores de la oposición reclamaban explicaciones sobre los fundamentos utilizados.
Casaretto señaló ahora que la resolución firmada por Orsi, que restablece la sanción de cinco años, deja en una posición política difícil a la ministra, dado que ella misma había sostenido públicamente la reducción.
“Todos los argumentos que dio en este Parlamento justificando su decisión, ¿dónde quedan? Yo creo que es insostenible su lugar”, afirmó el legislador en rueda de prensa.
El diputado recordó además que meses atrás había solicitado por escrito al presidente de la República que interviniera en el caso y cuestionó que ahora se mencionen nuevos elementos para revisar una situación que, según sostuvo, ya había sido analizada extensamente en las comparecencias parlamentarias.
Otro de los puntos señalados por Casaretto fue la reacción que produjo la rebaja de la sanción dentro de la Comisión Honoraria de Salud Pública. La familia de Barrera había denunciado que 11 de sus 13 integrantes renunciaron o pusieron sus cargos a disposición tras aquella decisión.
El legislador también puso el foco en el impacto que todo el proceso tuvo sobre la familia de Soledad Barrera y en las garantías que, a su entender, debe ofrecer el Ministerio de Salud Pública a cualquier paciente que ingresa a un quirófano.
Consultado sobre los próximos pasos, adelantó que analizará junto a otros legisladores qué acciones parlamentarias corresponde impulsar a partir de la nueva resolución presidencial.
La discusión política vuelve así a instalarse sobre un caso que ya había generado comparecencias en el Parlamento, renuncias dentro de organismos asesores y cuestionamientos a la actuación del Ministerio de Salud Pública.
