Los senadores del Partido Nacional Rodrigo Blas, José Luis Falero y Graciela Bianchi presentarán este miércoles ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos una denuncia penal por la difusión de información, fotografías y videos vinculados a la Operación Trazador, investigación relacionada con narcotráfico y lavado de activos.
Los legisladores sostienen que se produjo una divulgación ilegal de material que debía permanecer reservado y solicitan determinar quiénes tuvieron acceso a los registros, cómo circularon y quién o quiénes fueron responsables de hacerlos públicos.
La conducta denunciada, señalan, podría configurar el delito de revelación de secretos, previsto en el artículo 163 del Código Penal, sin perjuicio de otras figuras que eventualmente pudiera establecer la investigación fiscal.
La Operación Trazador comenzó a tener repercusión pública el 18 de septiembre, cuando la Fiscalía obtuvo tres condenas por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y lavado de activos. El procedimiento permitió además importantes incautaciones de drogas, armas, vehículos y dinero.
Posteriormente comenzaron a circular en redes sociales y plataformas digitales imágenes de allanamientos, registros audiovisuales e información relacionada con las actuaciones.
Durante su comparecencia parlamentaria del 22 de octubre, el ministro del Interior, Carlos Negro, reconoció la existencia de dos filmaciones vinculadas al procedimiento y confirmó que uno de los videos había sido filtrado. La controversia derivó además en una investigación sobre las circunstancias en que se produjo la grabación y posterior divulgación del material.
Los senadores solicitarán a Fiscalía:
- Identificar a los funcionarios que participaron de los procedimientos y tuvieron acceso al material.
- Preservar y periciar los dispositivos utilizados para grabar, almacenar o transmitir las filmaciones, incluidos aquellos atribuidos al director de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Robert Correa.
- Reconstruir la cadena de custodia y circulación de los archivos.
- Obtener las investigaciones administrativas realizadas por el Ministerio del Interior.
- Determinar si las autoridades comunicaron las filtraciones a Fiscalía o realizaron una denuncia penal.
- Establecer si la divulgación comprometió diligencias, expuso a policías o generó riesgos para otras personas.
Los denunciantes entienden que la difusión pudo haber revelado identidades, métodos operativos y datos sensibles, además de eventualmente alertar a personas investigadas, facilitar la eliminación de pruebas o afectar actuaciones pendientes.
Blas afirmó que la existencia de filtraciones ya no está en discusión. “Los materiales fueron difundidos públicamente y hasta el propio ministro del Interior reconoció que se filtraron filmaciones de la investigación”, sostuvo.
El senador agregó que corresponde ahora establecer eventuales responsabilidades penales y cuestionó que se deba esperar únicamente el resultado de una investigación administrativa del Ministerio del Interior.
“Se ha puesto en riesgo la seguridad de policías y sus familias, el desarrollo de una investigación contra el narcotráfico y los derechos de las personas involucradas”, señaló.
La presentación, según aclararon los legisladores, no atribuye de antemano responsabilidad penal a ninguna persona y diferencia las eventuales conductas ilícitas de funcionarios públicos del legítimo ejercicio del periodismo y la libertad de información.
El planteo se produce mientras la propia Operación Trazador continúa abierta. Este 10 de noviembre, el Ministerio del Interior informó sobre cinco nuevas detenciones y otros allanamientos vinculados a la investigación contra estructuras dedicadas al tráfico de drogas.
