La ministra de Salud Pública explicó que la resolución se tomó tras un recurso presentado por la madre de Soledad Barrera, la pediatra que falleció luego de una operación de vesícula. La sanción había sido reducida de cinco a tres años en 2025.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, confirmó que acordó con el presidente Yamandú Orsi volver a establecer en cinco años la inhabilitación profesional de la anestesista María Inés Miralles, condenada por la muerte de la pediatra Soledad Barrera.
La decisión se adoptó luego de que Rosario Barrera, madre de la médica fallecida, presentara un recurso de revocación contra la resolución del Ministerio de Salud Pública que había reducido la sanción de cinco a tres años.
“Es una resolución que firmamos en conjunto con el presidente Yamandú Orsi, a punto de partida de un recurso de revocación que presentó la mamá de Soledad Barrera”, explicó Lustemberg.
La ministra señaló que, para resolver el planteo, se analizaron nuevos elementos de la investigación penal, las pericias realizadas y las actuaciones dentro de la mutualista Servicio Médico Integral (SMI). También indicó que la decisión fue acordada con la asesoría jurídica de Presidencia.
“Con Jurídica de Presidencia se llegó a este acuerdo, en lo cual ambos estuvimos de acuerdo”, afirmó.
Lustemberg también defendió su actuación anterior y sostuvo que la reducción de la sanción no generó perjuicios, dado que Miralles no había retomado el ejercicio profesional. “Quiero destacar que no ha habido ningún perjuicio porque la anestesista Miralles no ha estado ejerciendo”, expresó.
El caso se remonta a octubre de 2023, cuando Barrera, de 41 años, fue sometida a una operación de vesícula en el SMI. Durante la intervención sufrió un paro cardíaco que le provocó un daño neurológico severo e irreversible. Permaneció en esa condición durante varios meses, hasta que falleció en agosto de 2024.
En diciembre de 2025, Miralles fue condenada por homicidio culposo mediante un proceso abreviado.
La sanción original de cinco años había sido dispuesta en diciembre de 2024, pero Lustemberg resolvió reducirla a tres años en octubre de 2025. La revisión posterior se produjo tras el reclamo de la familia y la incorporación de nuevos elementos, entre ellos la sentencia penal y las pericias médicas.
Finalmente, el Poder Ejecutivo resolvió dejar sin efecto la reducción y restablecer los cinco años de inhabilitación.
