La realidad es perceptible, asegura el editorial de la publicación que orienta el sector del ex presidente Julio Ma. Sanguinetti.
Allí explica que gracias a la LUC se retomaron las riendas de la seguridad y el delito se redujo después de una década y media de crecimiento exponencial. Las mejoras han sido sustanciales.
Cuando el Frente Amplio asumió el gobierno en 2005, luego de una de las peores crisis económicas que ha vivido nuestro país, se habían registrado en Uruguay 7.000 rapiñas, 98.409 hurtos y 200 homicidios. Tras una década y media de crecimiento económico, que permitió multiplicar por cuatro el presupuesto de seguridad, el Frente Amplio entregó el país con 30.000 rapiñas, 145.000 hurtos y 400 homicidios. En 15 años, las rapiñas se incrementaron un 400%, los hurtos un 140% y los homicidios un 200%, señalan.
Agregan que el fracaso es inobjetable. Y eso fue lo que heredó la coalición cuando ingresó al gobierno. Sin embargo, en un año y pocos meses, se ha logrado lo que la izquierda no pudo en quince. En el período comprendido entre el 1º de marzo de 2020, fecha en la que el Dr. Jorge Larrañaga asumió la titularidad del Ministerio del Interior, y el 28 de febrero de 2021, hubo una reducción del 20,05 % en los homicidios; de un 14,02 % en rapiñas; de un 19,34 % en hurtos; de un 8,39 % en abigeato; y de un 5,60 % en violencia doméstica.
Durante el primer semestre del 2021 la tendencia se mantuvo: se registraron 26% menos de homicidios, 10% menos de hurtos, 17% menos de rapiñas, 12% menos de violencia doméstica y 43% menos de abigeatos en comparación con idéntico período de 2020.
En definitiva, un año y medio de descenso sostenido de todos los delitos.
Estos auspiciosos datos, aunque insuficientes dada la pesada herencia frenteamplista en la materia, no se dieron por arte de magia. Además de los cambios en gestión, se destacan los instrumentos de la LUC, responsables del indiscutible cambio de actitud de los funcionarios, hoy respaldados en su accionar, señala la publicación.
Dentro de los primeros, se destaca el nuevo despliegue territorial de la Policía, descentralizando el P.A.D.O. (Policía de Alta Dedicación Operativa), incrementando el patrullaje y los controles en la vía pública en todas las ciudades del país. Tal es así que, entre marzo y diciembre de 2020, se registraron 373.606 personas, habiendo detenido en esos operativos a 688 requeridos por la justicia.
En segundo lugar, encontramos la creación de Brigadas Antidrogas en Montevideo y Canelones que permitió reforzar el trabajo de la Brigada Nacional y de ese modo realizar más allanamientos, más cierres de bocas de droga e incautación de sustancias. En el primer año de gobierno, se realizaron cerca de 2700 allanamientos y se desarticularon aproximadamente 950 bocas de venta de droga que permitieron incautar 1.480 kilos de cocaína y más de 581 kilos de pasta base, agregan.
Además, con foco en el interior del país, se reinauguraron 40 destacamentos y seccionales que estaban cerradas y la Guardia Nacional Republicana inauguró el Destacamento Este en San Carlos, que permite consolidar parte del despliegue territorial de esta Unidad clave.
En materia de equipamiento, se incorporaron 218 nuevos vehículos (55 camionetas 4×4, 50 camionetas 4×2, 50 autos y 43 motos), se adquirieron 8.000 chalecos antibalas, 600 cámaras corporales y drones para poder cumplir de mejor manera la represión del delito. Además, se adquirió armamento de calidad y potencia de fuego como, por ejemplo, 200 fusiles semiautomáticos y 1.000 pistolas.
Por fuera de estos cambios en gestión e infraestructura, se encuentra la LUC y con ella la ampliación del concepto de legítima defensa y la creación de los delitos resistencia al arresto y el agravio a la autoridad policial, dos iniciativas centrales para explicar el notorio cambio de actitud de los funcionarios, como señalamos antes.
También en la LUC se configuran penas más severas para los delitos de narcotráfico, que como vimos se han combatido frontalmente; se agrega como agravante el encubrimiento de delitos graves; se crean nuevos delitos para impedir la destrucción de propiedad pública y la ocupación indebida de la misma; se agrega la inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada por la comisión de ciertos delitos, como las rapiñas y la extorsión.
A modo de ejemplo, en los primeros seis meses de vigencia de la LUC, hubo 172 imputaciones por el delito de «resistencia al arresto»; 83 por el de «agravio a la autoridad policial»; 29 por «retiro o destrucción de tobilleras»; tres por «receptación de equipamiento policial»; y una por «destrucción de bienes muebles o inmuebles de instalación policial».
Finalmente, en términos de institucionalidad, en la LUC se creó la Dirección Nacional de Políticas de Género, lográndose incrementar el número de tobilleras, y la Dirección de Seguridad Rural, con sede en Florida, siendo la primera repartición que tiene su sede nacional en el Interior del país.
