El diputado del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, defendió su proyecto de ley orientado a transparentar las finanzas de los sindicatos y reveló que, según información oficial parcial, las organizaciones gremiales del sector público reciben alrededor de un millón de dólares por mes en cuotas sindicales.
Gurméndez explicó que la iniciativa busca que los sindicatos presenten estados contables firmados y rindan cuentas a sus afiliados sobre el uso de los fondos provenientes de los aportes de los trabajadores. Para dimensionar el volumen de dinero que manejan estas organizaciones, solicitó información a varios organismos públicos.
Si bien grandes entidades como ANCAP, UTE, Banco de Seguros del Estado, Banco República y el Ministerio del Interior no respondieron, las que sí lo hicieron permiten proyectar un total cercano a los 20 millones de dólares anuales en aportes.
El legislador advirtió además que, según los datos recopilados, en muchos casos las cuotas sindicales son depositadas en cuentas de personas físicas y no en cuentas institucionales, lo que calificó como un riesgo para la correcta administración de los recursos. Recordó episodios recientes vinculados a manejos irregulares de fondos sindicales, entre ellos casos en la Federación Uruguaya de la Salud y otras organizaciones investigadas por apropiación indebida, asociación para delinquir y lavado de activos.
“Se trata de la plata del trabajador”, expresó. Además, sostuvo que la autonomía sindical debe respetarse, pero remarcó que no se puede permitir que los aportes se desvíen hacia usos personales o fines prohibidos por ley, como el financiamiento político.
Consultado sobre si existen sindicatos que aportan económicamente a partidos políticos, afirmó que no puede asegurarlo, aunque reconoció que el tema está bajo investigación fiscal. “La transparencia contribuye a que no se afecte la credibilidad de estas organizaciones”.
Gurméndez también se refirió al debate del presupuesto nacional en la Cámara de Diputados, del cual fue crítico. Consideró que las medidas incluidas implican un aumento de impuestos que terminarán afectando a los uruguayos y advirtió sobre el incremento previsto de la deuda pública en 16 mil millones de dólares.
A su entender, el gasto público “sigue siendo enorme” y no está correctamente orientado hacia áreas prioritarias como seguridad, salud y educación. Señaló que el encarecimiento del país afecta especialmente a departamentos como Maldonado, donde la competitividad turística depende de mantener precios accesibles.
No obstante, destacó algunos aspectos positivos incluidos en la ley presupuestal, como la ampliación del Hospital de Maldonado y la incorporación de un equipo de radioterapia para el Centro Oncológico de San Carlos que el Partido Colorado acompañó con su voto.
