Casaretto advirtió, en la Cámara de Representantes que la crisis del agua potable en Uruguay “es hoy el principal problema que enfrenta la población”, afectando directamente a más de 1.600.000 personas, y propuso la creación de un Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) para abordar la situación con evidencia técnica, independencia y urgencia.
El legislador fue enfático: “No estamos ante un problema coyuntural ni producto de la sequía. Estamos ante un problema estructural, histórico y de derechos humanos”.
Una crisis anunciada hace décadas.
Durante su intervención, recordó que ya en 2015 el entonces ministro Eleuterio Fernández Huidobro había advertido en el Parlamento sobre la falta de alternativas frente a la contaminación de la cuenca del Río Santa Lucía, señalando que la única salida a futuro sería recurrir al Río de la Plata.
“Hace más de 50 años que sabemos que este problema existe. Sin embargo, no se tomaron las decisiones de fondo”, sostuvo.
El diputado alertó sobre el deterioro sostenido de la calidad del agua, el aumento de productos químicos utilizados para potabilizarla y la creciente salinidad, especialmente en contextos de sequía.
También cuestionó declaraciones de autoridades sanitarias y advirtió sobre la presencia de compuestos como los trihalometanos, señalando que “no todos los filtros domésticos eliminan estos contaminantes”.
Según expuso, la cuenca del Río Santa Lucía presenta un nivel de intervención humana del 93%, con altos niveles de fósforo, contaminación orgánica y pérdida de biodiversidad.
Como ejemplo, mencionó la desaparición de especies anfibias sensibles a la degradación ambiental, lo que constituye —según indicó— una señal crítica del deterioro del ecosistema.
“Estamos forzando una fuente de agua que ya no da más. Insistir en este camino es agravar el problema”, afirmó.
El legislador criticó la ausencia de autoridades en instancias parlamentarias clave y cuestionó la falta de medidas estructurales para garantizar agua potable de calidad.
También advirtió sobre inconsistencias en proyectos actuales vinculados a nuevas fuentes de abastecimiento, señalando observaciones del Tribunal de Cuentas y cambios sustanciales respecto a iniciativas anteriores.
Frente a este escenario, propuso la creación de un Grupo Asesor Científico Honorario, integrado por expertos independientes, que permita:
Evaluar con rigor técnico la situación actual
Proyectar escenarios a corto, mediano y largo plazo
Definir soluciones estructurales sostenibles
Despolitizar una discusión que considera “demasiado importante para quedar atrapada en la lógica partidaria”.
“El agua no puede ser rehén de disputas políticas. La gente está cansada. Este es un tema que exige seriedad, evidencia y decisiones valientes”, concluyó.
