Una carta manuscrita enviada desde prisión volvió a poner en el centro de la escena el caso que rodea al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. En esta oportunidad, la voz es la de su expareja, Gianina García Troche, quien actualmente se encuentra recluida en Paraguay y decidió hacer público su testimonio a través de una dirigida a la periodista Patricia Martín, quien realizó la entrevista clandestina a Marcet.
La carta fue leída este lunes en Radio Carve y en ella García Troche describe en detalle sus condiciones de detención, al tiempo que cuestiona el trato recibido y reclama por sus derechos. “¿Dónde está mi embajada? ¿Dónde están mis derechos?”, se pregunta en el escrito, en el que también hace hincapié en su rol como madre y en la imposibilidad de mantener contacto con sus hijos.
La mujer, de nacionalidad uruguaya, fue detenida en España en 2024 tras arribar a Madrid desde Dubái y posteriormente extraditada a Paraguay, donde enfrenta cargos vinculados al tráfico de drogas y asociación criminal, con una eventual pena que podría superar los 20 años de prisión.
En su relato, sostiene que se encuentra recluida en una cárcel de máxima seguridad destinada a hombres, bajo un régimen cerrado que —según afirma— no correspondería a su situación procesal, ya que aún no ha sido condenada. Detalla además que permanece hasta 22 horas al día en su celda y que las salidas se limitan a un espacio reducido compartido con internos masculinos.
García Troche también denuncia problemas de salud en agravamiento y la imposibilidad de recibir visitas de sus hijos, lo que considera una vulneración de sus derechos y los de los menores. En ese sentido, señala que son once las mujeres que atraviesan condiciones similares dentro del mismo establecimiento.
La difusión de la carta reaviva el debate en torno a las condiciones de reclusión, el respeto a las garantías procesales y el rol de las autoridades consulares en casos de ciudadanos uruguayos detenidos en el exterior.
Cabe recordar que, en instancias previas, la defensa de García Troche solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva, incluyendo arresto domiciliario, lo que fue rechazado por la Justicia paraguaya, entre otros argumentos, por la posibilidad de que Sebastián Marset pudiera intervenir para facilitar su fuga.
El caso continúa generando repercusiones a nivel regional, no solo por los vínculos con el crimen organizado, sino también por las denuncias sobre las condiciones carcelarias y el acceso a derechos fundamentales.
