“Se fue el balde y la cadena. Pero no se resolvió ni se cumplió con lo manifestado en el parlamento. Y ahora esto parece validar las peores prácticas”. Eso publicó el hoy presidente en su cuenta de X el 3 de febrero de 2024, cuando se conoció una resolución de Luis Lacalle Pou de 29 de enero de ese año referida a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande.
Dicha resolución, firmada por Lacalle Pou y la exministra de Economía Azucena Arbeleche, establecía que, de acuerdo a lo establecido en la ley de Presupuesto, el Ministerio de Economía estaba autorizado a destinar 744 millones de pesos “por concepto de aporte del Estado para el ejercicio 2024”.
“La erogación resultante se atenderá con cargo a la Financiación 1.1 ‘Rentas Generales’, Inciso 24 ‘Diversos Créditos’, Unidad Ejecutora 024 ‘Dirección General de Secretaría (M.E.F.)’, Programa 540, Objeto del Gasto 519, Auxiliar 001”, agregaba dicha resolución.
En ese momento, tanto Orsi como otros dirigentes frenteamplistas cuestionaron la erogación y la vincularon con las denuncias de prácticas clientelísticas en el organismo binacional, luego de que ingresaran una treintena de militantes blancos y colorados de forma directa. Ese hecho determinó que el titular de Salto Grande, Carlos Albisu, renunciara en 2023 a la titularidad del organismo. El año pasado, Albisu se convirtió en intendente de Salto, donde gobernaba el Frente Amplio desde 2005.
En mayo del año pasado, al asumir al frente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, Gonzalo Casaravilla dijo que ninguno de los nuevos integrantes del organismo iba a utilizarlo como un “trampolín político”. “No vamos a hacer clientelismo político, porque no corresponde. Y tampoco vamos a generar ingresos o ascensos sin procesos transparentes y competitivos. Tenemos que jerarquizar la gestión y el ingreso equitativo para todos los connacionales. En Salto Grande tenemos puestos que son para uruguayos y para argentinos”, señaló.
Según publicó en ese momento La Diaria, Casaravilla dijo que no se van a “dilapidar los recursos del país”, porque cada decisión que tiene un impacto económico “es plata de los uruguayos y argentinos”.
“Nosotros gestionamos el dinero de los uruguayos, tenemos la responsabilidad de hacerlo en forma eficiente y transparente. Es, en definitiva, el ABC de la gestión. Si hacemos todo eso, podemos recuperar esa imagen que hoy está dañada y que espero que podamos recuperar”, finalizó.
Hace pocos días, el gobierno de Orsi adoptó la misma medida que cuestionó durante la administración de Lacalle Pou, según consta en la página web de la Presidencia de la República.
El 7 de mayo de 2026, el presidente Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, firmaron una resolución que autoriza a esa secretaría de Estado a transferir ese mismo monto por concepto de aporte del Estado para el ejercicio 2026.
La resolución es la misma; la diferencia está en el número de ley al que alude cada una de ellas, porque corresponden a las leyes de presupuesto de cada gobierno.
