El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda presentada por la empresaria Carmela Hontou y Sierra Laguna S.A. contra el periodista Nelson Fernández y el diario argentino La Nación.
La acción judicial reclamaba 95.000 dólares por daños y perjuicios a raíz de dos artículos publicados los días 17 y 18 de marzo de 2020, vinculados a la figura de Hontou y a la pandemia de coronavirus.
Tras el fallo, el abogado Rafael Silva expresó su desacuerdo con la resolución judicial, aunque señaló que la respetan.
“En principio el fallo del Tribunal de Apelaciones fue confirmatorio de la sentencia de primera instancia, en la cual se había desestimado la demanda que habíamos interpuesto por la señora Carmela Hontou y por Sierra Laguna S.A.”, indicó.
Silva sostuvo que la defensa considera que no existen pruebas concluyentes que acrediten que Hontou ingresó al país contagiada de Covid-19 ni que haya transmitido el virus durante un casamiento realizado en aquellos días.
“No hay un solo elemento de prueba que confirme que Carmela Hontou llegó a Uruguay y era portadora del virus, y que las 20 personas que se dice que contagió habrían sido contagiadas por la cepa de ella”, afirmó.
El abogado manifestó además que les sorprendió que el Tribunal arribara a esa conclusión “por aproximación”, entendiendo que en un caso de estas características debía realizarse un análisis “estricto” de la prueba.
“Entendemos que para un caso de estas características debía ser estricto el análisis de la prueba, y eso no se cumplió”, agregó.
Silva también señaló que durante el trabajo de apelación el equipo jurídico realizó un relevamiento de jurisprudencia nacional y detectó que existen muy pocos litigios contra medios de comunicación y aún menos sentencias condenatorias.
“Advertimos dos patrones: que se litiga muy poco contra los medios de comunicación y que hay muy pocas sentencias de condena”, expresó.
Según explicó, esa situación llevó a la defensa a recurrir a antecedentes judiciales de otros países como Chile y Argentina, además de jurisprudencia de la Corte Interamericana para fundamentar la apelación.
Finalmente, Silva señaló que las conclusiones obtenidas del caso abren un debate jurídico que, según dijo, debería ser profundizado por otros operadores del sistema judicial.
