La decisión del gobierno de Yamandú Orsi de utilizar vehículos del Ejército no solo generó críticas en filas oficialistas y opositoras, sino que también provocó el rechazo de la Mesa Representativa de la central sindical.
En la resolución, el Pit-Cnt sostuvo que “el tema de la seguridad es un tema muy sentido por nuestro pueblo, siendo esta un derecho humano fundamental” y que “los problemas del delito, la violencia, el crimen organizado y la penetración en todas las esferas de la sociedad del narcotráfico son fenómenos que hunden sus raíces en la desigualdad escandalosa que se produce y reproduce en esta sociedad”.
Según el Pit-Cnt “es altamente inconveniente y fuera de todo marco jurídico que militares se desempeñen en acciones de seguridad pública” porque “las actividades que competen a las Fuerzas Armadas son las de defensa nacional y es a la Policía a quien competen las funciones de la seguridad ciudadana”.
Por lo tanto, dirigencia sindical planteo su rechazo al uso de los blindados militares por integrantes y de las Fuerzas Armadas y reclamó los vehículos pasen al Ministerio del Interior “para ser operados por policías con la debida capacitación”.
