El senador del Partido Nacional Rodrigo Blás cuestionó con dureza la actuación del sindicato de trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata y apuntó directamente contra la conducción del conflicto por parte del gobierno nacional y del ministro de Trabajo, Juan Castillo.
Sus declaraciones se produjeron luego de que una negociación que parecía próxima a cerrarse volviera a trabarse. Según informó El País, la propuesta empresarial que estaba sobre la mesa había dejado tres puntos pendientes, pero el sindicato presentó posteriormente una contrapropuesta que elevó a siete los reclamos. Ante ese escenario, Terminal Cuenca del Plata resolvió retirarse unilateralmente de la negociación al entender que ya había realizado su “máximo esfuerzo”.
Blás calificó la situación como una “tomada de pelo” al ministro Castillo y sostuvo que el episodio no tiene precedentes, especialmente porque desde el gobierno se había transmitido que el acuerdo estaba cerca.
“La tomada de pelo del sindicato del puerto al ministro Castillo no tiene precedentes. Le agregan siete puntos nuevos de negociación cuando, según el ministro, estaban a horas del acuerdo”, afirmó.
El legislador recordó además una frase del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera para reforzar su crítica: “No se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad”.
En ese marco, Blás aseguró que el conflicto deja en evidencia una debilidad del Poder Ejecutivo frente al sindicato y afirmó que “el gobierno y el país” se encuentran “hackeados por un sindicato empoderado ante la debilidad de los que gobiernan”.
El conflicto involucra a Terminal Cuenca del Plata, controlada en un 80% por Katoen Natie y en un 20% por el Estado uruguayo. Entre los puntos en discusión aparecen los jornales asegurados, mejoras salariales y distintas condiciones laborales. El sindicato sostiene que la última oferta era insuficiente y se declaró en asamblea permanente, sin descartar nuevas medidas que puedan afectar nuevamente la operativa portuaria.
La negociación ya había obligado al gobierno a intervenir en varias oportunidades. La prolongación del conflicto llevó incluso a que integrantes del Poder Ejecutivo manejaran públicamente la posibilidad de decretar la esencialidad de los servicios portuarios, alternativa sobre la que existen diferencias dentro del propio oficialismo.
Entre los beneficios incluidos en la propuesta empresarial figuraban aumentos de 20% en tickets de alimentación para varias categorías, pago doble para determinados trabajadores que cumplan tareas los domingos, una partida extraordinaria de $27.500, bonos variables y un complemento de salario vacacional de $20.000. Según fuentes empresariales citadas por El País, el paquete representaba unos US$5 millones adicionales por encima del Consejo de Salarios.
Para Blás, el nuevo quiebre de las negociaciones no representa únicamente un conflicto entre empresa y trabajadores, sino que expone un problema de autoridad política frente a una actividad estratégica para el comercio exterior del país.
