El diputado del Partido Nacional reclamó que el gobierno incorpore al Río de la Plata como fuente alternativa de agua potable, en el marco de la comparecencia del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes.
Casaretto señaló que la CAF calificó el proyecto como de alto riesgo ambiental y social y activó ocho salvaguardas que el Gobierno deberá atender durante su ejecución.
“Lo que se está ratificando es lo que hemos sostenido desde hace mucho tiempo: este proyecto genera impactos sociales y ambientales que no pueden minimizarse”, afirmó.
Para Casaretto, se generarán consecuencias para los vecinos y productores de la zona; habrá afectación de sus actividades económicas, pérdida de bosque nativo y los posibles efectos sobre la calidad del agua. También cuestionó que se continúe concentrando el abastecimiento de agua potable en la cuenca del río Santa Lucía.
Consultado acerca de si las observaciones de la CAF podrían comprometer el financiamiento de la obra, Casaretto respondió que eso dependerá de la capacidad del Gobierno para cumplir con las exigencias establecidas por el organismo.
Casaretto insistió en que Casupá “no es el mejor proyecto” y defendió la alternativa de recurrir al Río de la Plata. Recordó que Arazatí cuenta con un estudio de impacto ambiental aprobado y planteó que incluso podría evaluarse un desplazamiento de la toma hacia Juan Lacaze para contemplar los cuestionamientos vinculados a eventuales episodios de salinidad.
El diputado sostuvo que una decisión de esta magnitud no puede justificarse únicamente porque Casupá estuviera incluido en el programa de gobierno del Frente Amplio.
“Muchas propuestas de ese programa ya fueron dejadas por el camino. No se puede avanzar con una obra de esta trascendencia solamente por cumplir una promesa electoral, sin considerar las advertencias técnicas, ambientales, sociales y productivas”, expresó.
Finalmente, Casaretto subrayó que la obra comenzaría durante este período, pero sería ejecutada y culminada por el próximo Gobierno, por lo cual reclamó un acuerdo político amplio.
“Nuestra responsabilidad como legisladores es hacer oír la voz antes de que se cometa un error. Una definición sobre el abastecimiento de agua potable para las próximas generaciones debe ser una política de Estado”, concluyó.
