En todos los países de la región, sin excepción, la situación fiscal se ha deteriorado y el nivel de endeudamiento de los gobiernos en general ha aumentado, lo que convertirá a América Latina y el Caribe en la región más endeudada del mundo en desarrollo.
Entre las medidas para afrontar ese problema, la ONU propone una reestructuración de la deuda soberana y la creación de una agencia multilateral de calificación crediticia.
La pandemia del COVID-19 ha magnificado las brechas estructurales de los países de América Latina y El Caribe, ha ampliado sus necesidades financieras para afrontar la emergencia y ha generado un aumento de los niveles de endeudamiento, aseguró este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Todo ello, ha puesto en peligro la recuperación y la capacidad de esos países para una reconstrucción sostenible y con igualdad.
Durante una reunión virtual con los países de América Latina y el Caribe, la secretaria ejecutiva del organismo de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, presentó el Informe especial COVID-19 N⁰ 10, titulado Financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia de COVID-19 y después: Prioridades de América Latina y el Caribe en la agenda de políticas mundial en materia de financiamiento para el desarrollo.
El informe propone cinco medidas políticas para afrontar los retos que plantea la agenda de financiamiento para el desarrollo a corto, mediano y largo plazo, y pone énfasis en iniciativas que se podrían emprender para construir un futuro mejor.
Indica que las necesidades globales de financiamiento de los países en desarrollo ascienden a 2,5 billones, lo que supera la capacidad de préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). ElFMI ha puesto a disposición de 21 países de América Latina y el Caribe la mayor parte de sus préstamos de emergencia relacionados con el COVID-19.
En enero de 2021, dicha institución había destinado unos 66.500 millones de dólares a la región, lo que representaba un 63% del desembolso total (106.000 millones de dólares) para unas 85 economías en desarrollo.
Los datos disponibles de los países de América Latina y el Caribe señalan que el financiamiento que el Fondo otorgó en el marco de sus programas Instrumento de Financiamiento Rápido y el Servicio de Crédito Rápido solo cubrió el 32,3% y el 23,1% en promedio, respectivamente, de las necesidades de financiamiento internas y externas que los países tenían en 2020. Esto equivalía al 0,8% y al 2,1% del PIB, y al 6,5% y al 8,0% de las reservas internacionales, respectivamente.
Sin embargo, estos instrumentos financieros no benefician a todos los países por igual. Los que tienen sólidos fundamentos económicos, como Chile, Colombia y el Perú, pueden acceder al financiamiento sin límites de cuota. No obstante, esta no es una opción que esté disponible para la mayoría de los países, en particular para los pequeños estados insulares del Caribe.
El informe afirma que, en el contexto actual de la pandemia, la agenda de financiamiento para el desarrollo plantea dos retos interrelacionados. A corto plazo, se debe favorecer la expansión del gasto público y prestar una atención especial a los grupos vulnerables, en particular a los segmentos de ingresos bajos y a las personas mayores. Además, las políticas de financiamiento para el desarrollo a corto plazo también son necesarias para compensar los efectos perjudiciales que las políticas de contención -basadas en el distanciamiento físico y el aislamiento voluntario- tienen sobre la actividad económica, el tejido y la estructura productiva, y el empleo.
Esto supone sostener el consumo de las personas y las familias, para lo que es necesario adoptar medidas excepcionales transitorias de mantenimiento del ingreso, como una renta básica temporal garantizada por el Estado.
