El diputado Diego Echeverría presentó un pedido al Ministerio del Interior para conocer el alcance, la financiación y el tratamiento de la información que generarán los denominados arcos digitales previstos en la Rendición de Cuentas.
Los dispositivos consisten en pórticos de vigilancia que serían instalados en accesos y rutas del país, principalmente en Montevideo y su área metropolitana, con capacidad para registrar vehículos y personas en circulación.
Los arcos incluirían los siguientes componentes tecnológicos:
• Cámaras de reconocimiento facial: orientadas a captar e identificar los rostros de quienes viajan dentro de los vehículos.
• Lectores de matrículas (LPR): sistemas automáticos destinados a leer y registrar las chapas de los vehículos en tiempo real.
• Identificación de celulares: dispositivos con capacidad para detectar números u otros datos de los teléfonos móviles que atraviesen los puntos de control.
Echeverría señaló que el proyecto abre una discusión entre la utilización de tecnología para mejorar la seguridad y la obligación del Estado de proteger la privacidad, la intimidad y las libertades individuales.
El legislador cuestionó además el mecanismo previsto para financiar el sistema. Según explicó, la iniciativa estaría vinculada a la recaudación generada por multas de tránsito, lo que podría producir un incentivo para aumentar la cantidad de sanciones. A su entender, la redacción incluida en la Rendición de Cuentas muestra una orientación fiscal y recaudatoria que debe ser aclarada.
El pedido de informes busca determinar cómo será administrada la información, qué coordinación existirá entre el Ministerio del Interior y la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, y si alguna parte del procesamiento será entregada a empresas privadas.
Echeverría reclamó conocer qué datos serán efectivamente recolectados, durante cuánto tiempo permanecerán almacenados, quiénes tendrán acceso y bajo qué protocolos podrán ser utilizados. También preguntó si la gestión estará exclusivamente en manos de funcionarios públicos o si intervendrá personal de compañías tercerizadas.
El diputado afirmó que siempre respaldó la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad, pero sostuvo que su utilización debe contar con controles, transparencia y límites definidos. Advirtió que no es equivalente registrar una matrícula o información básica de circulación que almacenar rostros, movimientos y datos vinculados a teléfonos celulares.
Según indicó, asociaciones relacionadas con la defensa de derechos y libertades ya se comunicaron con él para trasladarle su preocupación. Echeverría insistió en que el Ministerio del Interior debe informar oficialmente cuál será el alcance real del sistema y cómo se garantizará el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.
“Seguridad sí, pero también el ejercicio de la defensa de la libertad y de la privacidad”, sostuvo el legislador al fundamentar el pedido.
