El prestigioso evento organizado por ISOS Media Group en el hotel Enjoy Punta del Este reunió en su primera jornada a destacados actores y empresas vinculadas a la industria del entretenimiento que debatieron sobre lucha anti piratería.
El director de Relaciones Estratégicas del Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (Lacnic), Miguel Ignacio Estrada, la juez Letrado en lo Penal de 42° turno, Dolores Sánchez, el socio fundador del Estudio Jurídico Jorge Barrera & Asociados, Jorge Barrera, y el gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos, Antipiratería y Requerimientos Judiciales de Telecom Argentina, Sergio Piris, fueron parte del panel.
Se entiende por piratería la reproducción no autorizada de materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual (como derecho de autor, marcas de fábrica o de comercio, patentes, indicaciones geográficas, etc.) hecha con fines comerciales y comercio no autorizado de los materiales reproducidos.
En ese sentido, Estrada sostuvo que «el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe (Lacnic) entiende que el bloqueo como medida no es efectivo en tanto el contenido permanece en línea y siempre van a existir nuevos caminos que habiliten el consumo de las señales ilegales». Detalló que «la medida genera riesgos asociados ya que al bloquear una IP se puede perjudicar a distintas instituciones que si funciona de manera legal, porque detrás de ellas hay sitios asociados».
Además, «cuando se toman estas medidas se hacen en el marco de un juicio contra los responsables y en la actualidad mientras este se lleva adelante se mantiene el bloqueo que es la medida que queda vigente para detenerlo».
En tanto, Sánchez, abordó el caso de bloqueo de la página Roja Directa que de forma ilegal ubicaba en tiempo real las páginas que reproducen las señales de forma ilegal. Tras el planteo del caso se revisó la legislación y en base a la ley 9.739 y su posterior reformulación en 2003 se tomó la decisión de realizar un bloqueo.
Añadió que «los bloqueos son medidas cautelares y que el derecho ha avanzado en la aplicación de estas medidas mientras se lleva adelante el derecho procesal para hacer frente al flagelo».
Por su parte, Barrera se refirió a los daños que este tipo de transmisiones ilegales generan en
la institucionalidad. Enfatizó en la medida en que se pueda unificar los distintas instituciones
que abordan los delitos administrativos, penales y tecnológicos se podrá
ser exitoso.
Afirmó también que «la seguridad jurídica es libertad y que la certeza jurídica es el fortalecimiento de la democracia».
Por último, Piris remarcó los distintivos de Uruguay en materia de leyes para combatir la piratería y la aplicación del bloqueo de las señales. Si bien entiende que el bloqueo sirve, este no tiene efecto si no tiene sustento a nivel jurídico si no hay un planteo objetivo detrás. Por lo que es difícil aplicar estas medidas cautelares en Argentina. Además había riesgos de dañar a las empresas que si se fusionan de manera legal, expresó.
Telecom considera que el trabajo conjunto de los distintos actores de la industria es fundamental para hacer frente a la distribución de contenidos ilegales. Además es importante educar a la población respecto al daño que este tipo de contenidos ilegales genera a la industria.
