Sin mencionarlo para preservar la identidad, el centro de estudios difundió un comunicado en a propósito de la polémica generada por el caso del joven condenado por el femicidio de Valentina Cancela.
Gandini se encuentra recluido en el Instituto Nacional de Inclusión Social y Adolescente (INISA) cumpliendo una pena de 10 años, porque cuando cometió el crimen en 2023 tenía 17 años y era menor de edad.
En los últimos días se generó una polémica a través de redes sociales porque se señalaba que Gandini concurría a clases de forma presencial a la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA) de la Universidad de la República. Desde el INISA se desmintió la versión y se informó que estudia de forma remota, como forma de reinserción.
Ante la situación, la FCEA difundió un comunicado en respuesta a los “reclamos recibidos por parte de integrantes de la comunidad”. “Somos conscientes de que lo que está ocurriendo moviliza a muchas personas de nuestra comunidad y genera inquietudes legítimas. Situaciones como esta nos interpelan como institución y nos exigen ser claros: la Facultad no es indiferente a lo que le pasa a quienes la integran. Sabemos que tenemos camino por recorrer y, precisamente por eso, queremos que conozcan las acciones concretas que estamos desarrollando, así como los límites reales dentro de los cuales podemos actuar”, indicó el centro de estudios en un largo mensaje difundido a través de su sitio web.
“La FCEA ha tenido un compromiso sostenido con esta temática (de acoso y violencia de género) y fue, en 2018, la primera Facultad de la Universidad de la República en contar con un protocolo específico para su abordaje. En esta línea, durante el presente año ya teníamos planificadas diversas instancias de formación dirigidas a funcionarias y funcionarios, docentes y estudiantes, algunas de las cuales ya se encuentran en marcha y continuarán desarrollándose durante el próximo año. Entendemos que las situaciones de violencia pueden adoptar diversas formas y manifestarse en distintos ámbitos, por lo que resulta fundamental fortalecer las capacidades de nuestra comunidad para reconocerlas, prevenirlas y contar con herramientas adecuadas para su abordaje”, agregó.
La Facultad indicó que la situación académica del estudiante se encuentra regida por la normativa vigente en materia de protección de datos personales y, por lo tanto, “debe preservar la confidencialidad de la información relativa a la trayectoria académica de cualquier persona identificada o identificable, incluyendo aspectos vinculados con su inscripción, cursado o rendición de evaluaciones, salvo que exista una habilitación legal que permita su comunicación”.
Esa reserva, explicó la FCEA, no es “un mecanismo de protección” a quien causó el daño, sino “una garantía que la normativa establece para todas las personas de la comunidad universitaria sin excepción, y que en este caso protege especialmente la privacidad e integridad de quienes se han visto afectadas”.
Con respecto a antecedentes penales y decisiones judiciales, la facultad explicó que se trata de cuestiones correspondientes al Poder Judicial y que como centro educativo le corresponde cumplir con establecido. “Si eso significa permitir que una persona privada de libertad ingrese a una prueba acompañada por quien la ley dispone, así lo hacemos. Somos conscientes de que esta situación puede generar incomodidad, miedo e inseguridad en otras personas de nuestra comunidad, y eso no lo minimizamos. Es precisamente por eso que contamos con mecanismos institucionales para acompañar a quienes se sientan afectadas, y seguimos analizando qué medidas adicionales están dentro de nuestras competencias para dar respuesta a esta situación concreta”, agregó.
“Reiteramos nuestro más firme rechazo a cualquier forma de hostigamiento, exposición pública, señalamiento o estigmatización, tanto respecto de quienes han planteado esta inquietud de buena fe como de cualquier otra persona integrante de la comunidad universitaria”, puntualizó.
