Durante una conferencia de prensa este martes 17 de marzo en Torre Ejecutiva, el presidente Yamandú Orsi, acompañado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, destacó que si bien el país cuenta con estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica, aún enfrenta desafíos vinculados a la agilidad, los costos y la eficiencia de los controles.
En esa línea, el gobierno presentó una agenda de reformas orientadas a mejorar la competitividad y el clima de negocios en Uruguay, que incluye un proyecto de ley de competitividad e innovación y un paquete de medidas destinadas a agilizar el comercio exterior.
El mandatario anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento, antes del 31 de mayo, un proyecto de ley que abordará cuatro ejes principales: comercio exterior, regulación de la competencia, innovación y simplificación de trámites. “Queremos que se transforme en ley”, subrayó Orsi, al tiempo que expresó su confianza en el sistema político para avanzar en acuerdos que permitan mejorar los ingresos de la población.
La iniciativa forma parte de una serie de reformas microeconómicas que incluyen la reducción de gravámenes, la digitalización de procesos y modificaciones al Código Aduanero, con el objetivo de facilitar las operaciones comerciales y fortalecer la competitividad del país.
En tanto, el Ministerio de Economía abrió una instancia de diálogo con distintos actores, entre ellos cámaras empresariales, universidades, consultoras y sindicatos. Además, se habilitó un período para recibir aportes del sector privado hasta el próximo 24 de abril.
Oddone destacó que una normativa construida con la participación de diversos sectores permitirá avanzar hacia un país con mayor inversión y generación de empleo, en línea con las exigencias del contexto internacional.
Según estimaciones oficiales, el conjunto de medidas podría representar un ahorro de unos 20 millones de dólares anuales para el comercio exterior.
El ministro también enfatizó que la mejora de la competitividad no se centrará en variables macroeconómicas como el tipo de cambio, al considerar que su impacto es limitado y puede afectar la inflación. En cambio, sostuvo que el enfoque del Gobierno apunta a corregir distorsiones en la formación de precios y a eliminar trabas que dificultan la actividad económica.
Medias para la promoción de la competencia:
Declaraciones en lugar de certificaciones: Tanto en importaciones y exportaciones se sustituyen los certificados por declaraciones. En lo referente a las importaciones, se incluirá en la declaración aduanera la información necesaria para el control posterior de la DGI en el caso de trámites de exoneraciones y pago del impuesto específico interno (Imesi) y del impuesto a la enajenación de los bienes agropecuarios (Imeba). Esta medida involucra a 25.000 trámites, un 15% del comercio exterior anual. Para las exportaciones, el control tributario sobre las que retornan se hará posteriormente para evitar costos logísticos imprevistos.
Digitalización: Se elimina documentación en soporte papel en tramitación de operaciones de comercio exterior. La Aduana gestionará la documentación complementaria del Documento Único Aduanero (DUA) únicamente mediante documentos electrónicos. Asimismo, se eliminará la obligación de guardar la documentación de las operaciones en soporte papel, solo se utilizará el archivo electrónico, lo que implica ahorro en costos por servicios de almacenamiento y tareas para la gestión de la documentación física de 400.000 operaciones aduaneras al año.
Buenas prácticas internacionales: Para facilitar el pago de las obligaciones, se permitirá diferirlo dentro del mismo mes del despacho constituyendo garantía. Este cambio implica un ahorro financiero para las empresas porque se reduce su necesidad de fondeo.
Optimizar uso de instrumentos de control: Se establecerá que el canal rojo en operaciones aduaneras solo se utilizará en base a criterios de riesgo, ya que la verificación física y documental de las operaciones y genera demoras en el despacho. Este cambio implica una reducción de verificaciones físicas y por tanto, ahorro para las empresas en sus importaciones.
Beneficios para el Operador Económico Calificado (OEC): No se requerirá para los OEC el uso de precinto electrónico en tránsitos de cadenas certificadas OEC. Los exportadores OEC podrán cobrar la devolución de tributos 30 días luego de completar el despacho. Este cambio implica un importante ahorro en operaciones de tránsito y exportación donde participan operadores comprometidos con la seguridad de las cargas.
Beneficios para el transporte ferroviario: Se implementarán mecanismos de control aduanero simplificados para el transporte por modo ferroviario, lo que permitirá reducir costos operativos a empresas que presten servicios logísticos de esta forma.
