Un procedimiento preventivo llevado adelante por efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (P.A.D.O.) culminó con la condena de un joven de 22 años por delitos vinculados al tráfico interno y porte ilegal de armas de fuego en la ciudad de Maldonado.
El episodio se registró el pasado 13 de junio, cuando personal de la Zona Operacional II realizaba tareas de patrullaje en jurisdicción de la Seccional 1.ª. Durante el recorrido, los funcionarios observaron a un hombre que caminaba por calle Batalla del Cerrito y cuyo comportamiento despertó sospechas.
Ante esta situación, los policías procedieron a interceptarlo. Sin embargo, al advertir la presencia de los efectivos, el individuo intentó darse a la fuga y, en medio de la maniobra, arrojó un arma de fuego en la vía pública.
Tras ser reducido, fue identificado como L.D.A.S., de 22 años de edad y sin antecedentes penales. El joven fue detenido y trasladado a dependencias policiales para continuar con las actuaciones correspondientes.
Informada de los hechos, la Fiscalía Letrada de 2.º Turno dispuso una serie de diligencias investigativas y ordenó la conducción del indagado a la sede fiscal.
Finalizada la instancia judicial el 14 de junio, el Juzgado Letrado de 11.º Turno resolvió condenar al imputado como autor penalmente responsable de un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones y un delito de porte de armas en lugares públicos, ambos en régimen de reiteración real.
La Justicia impuso una pena de diez meses de prisión, con descuento del tiempo de detención ya cumplido. No obstante, se dispuso la sustitución de la pena privativa de libertad por un régimen de libertad a prueba por el mismo período.
Como parte de las condiciones establecidas, el condenado deberá fijar residencia en el domicilio declarado, someterse a la orientación y vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA), presentarse semanalmente en la seccional policial correspondiente a su lugar de residencia y cumplir tareas comunitarias una vez por semana, durante dos horas diarias, por el plazo máximo legal de diez meses.
El caso volvió a poner de manifiesto la importancia de los controles preventivos realizados por las unidades operativas, que permitieron retirar un arma de circulación y llevar ante la Justicia a su portador.
